Recientemente, el operador político y empresario Alejandro Sinibaldi fue presentado ante la justicia guatemalteca. Formó parte de los líderes de una organización criminal que se presentó como partido político y gobernó desde 2012 hasta 2015. La captura de Sinibaldi es vital para desenmascarar las extensas y profundas tramas que tienen su mano en el Estado guatemalteco.
Como funcionario de alto rango del Ministerio de Comunicaciones, Sinibaldi negoció irregularmente con empresas multinacionales como Odebrecht, ejemplo de la manera en que estas transacciones se llevaron a cabo en toda América Latina mediante concesiones estatales fraudulentas e ilegales. Esta conducta ha sido imitada por empresas nacionales, según lo afirma el propio Sinibaldi.
El caso de Sinibaldi revela la existencia de una relación entre factores de poder económico y político. Estos individuos se unen para mantener un sistema de acumulación de capital, el cual se alimenta con el otorgamiento de obras públicas exageradamente caras a empresas que cumplen con el pago de sobornos y el financiamiento de campañas electorales.
Alejandro Sinibaldi en una red de corrupción implicada en el Estado de Guatemala
De acuerdo con Sinibaldi, algunas empresas, operadores empresariales y políticos pagaron a más de 250 personas para obtener concesiones y beneficios a costa de los recursos públicos. Estas personas no solo estaban involucradas en actos corruptos ocasionales, sino que formaron parte de una estructura y varias redes diseñadas para tal propósito.
Entre ellas, hay quienes han pasado por la cárcel desde 2015, como un expresidente, una exvicepresidenta, exdiputados y candidatos presidenciales. Incluso, algunos aún se mantienen en cargos públicos, ya sea por elección popular o por nombramiento de los tres órganos del Estado.
Las acciones de Sinibaldi son un reflejo de la manera en que los grupos criminales controlan partes clave de nuestra nación. Esto explica el porqué algunas instituciones guatemaltecas están orientadas hacia la promoción de privilegios, la corrupción y la adopción de leyes que benefician a personas sin ninguna consideración por el bienestar general. Esto se ve reflejado en la confesión de Sinibaldi de sus actividades ilícitas.
Abordando la situación de forma concreta, podemos mencionar que Sinibaldi, está siendo señalado en el caso construcción y corrupción, una supuesta red ilegal de cobros a empresas contratistas del Ministerio de Comunicaciones para recibir pagos por proyectos vigentes o cancelaciones de deudas, aparte de encontrarse envuelto en otros casos de delitos cometidos (lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita) mientras gobernó el Partido Patriota.
No conforme con su historial de ilegalidades, actualmente es acusado de comprar al sistema judicial del país al recibir casa por cárcel con la cantidad de pruebas en su detrimento y presos declarando haber trabajado para él. Es evidente que el sistema carcelario le ha dado muchos beneficios al preso. Se encuentra actualmente encerrado en una celda de 130m2 con una parrilla, aseo cotidiano, 3 televisores y otros lujos.
Es difícil esperar que en esta coyuntura, en la que la distribución de poder apoya a ciertos intereses, se puedan concretar mejoras en la estructura institucional y una revisión de la ley política con miras a garantizar justicia, revertir la tendencia antidemocrática y garantizar condiciones democráticas y políticas en función del interés público.
Para lograrlo, será necesario que el pueblo se unan para cambiar el actual equilibrio de fuerzas, si no, el avance del autoritarismo seguirá afectando los derechos, la justicia, el ambiente y la solución a los problemas del país. Además, se requiere una estrategia diferente para hacer frente a la pandemia de covid-19 y los graves efectos de la crisis.
Alejandro Sinibaldi: Cárcel por Caso Odebrecht | Preso por corrupción y sobornos
