El gobierno argentino ha culpado a Bruselas de retrasar el acuerdo del Mercosur al plantear una serie de medidas y demandas unilaterales tras la primera conclusión en julio de 2019, al tiempo que ha señalado que su firma no formaba parte de la agenda prevista para la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que tendrá lugar el próximo mes de julio en la capital comunitaria.
Este tema se refleja en el informe de gestión del gobierno enviado el pasado miércoles a la Cámara de Diputados de Argentina. En dicho documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina se ha pronunciado sobre el acuerdo comercial, señalando a la Comisión Europea como responsable del retraso en el avance de las negociaciones.
Entre las medidas que impiden la firma estaría el llamado «acuerdo verde» a través del cual la Unión Europea busca implementar reformas en áreas como energía, uso de suelo, deforestación y emisiones, entre otras, que podrían afectar las concesiones ya negociadas. en el caso. Esta normativa con nuevos requisitos,
que se aplicará a las empresas de los países miembros del bloque, también tendrá impacto en el resto de proveedores no europeos, incluidas las empresas del Mercosur.
Un ejemplo concreto del impacto del “Green Deal” en las importaciones al mercado europeo es el del biodiesel argentino. De aprobarse el acuerdo, Argentina podría perder sus exportaciones de biodiésel a estos países, que el año pasado ascendieron a 1.850 millones de dólares (1.694 millones de euros), equivalentes al 17% de las exportaciones totales del país a la Unión Europea, según cifras del propio Gobierno. .
Además, la Unión Europea busca respaldar un instrumento común sobre desarrollo sostenible (o «carta complementaria», que también incluye cuestiones laborales y de derechos humanos) además de lo acordado en 2019.
El ejecutivo argentino también expresa ciertas dudas sobre la llamada «arquitectura del acuerdo». Este concepto se refiere a la posibilidad de tratarlo como un solo acorde según lo previsto, o dividirlo en dos instrumentos.
Finalmente, otro aspecto destacado es el capítulo de propiedad intelectual, donde el anexo de usuarios anteriores sigue abierto debido a nuevos criterios y requisitos unilaterales de Bruselas que podrían afectar a las empresas argentinas que utilizan determinadas indicaciones geográficas para sus productos.