La Comisión Europea ha mantenido en las últimas semanas contactos «intensos» con el Gobierno español sobre la reforma del sistema de pensiones, que, según ha dicho este jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya es «prácticamente» acuerdo con Bruselas y que es una de las condiciones a las que estará sujeto el desembolso de los 10.000 millones del cuarto tramo del fondo anticrisis, que España aún no ha solicitado.
“Ha habido intensos intercambios en las últimas semanas en torno a los compromisos adquiridos por España en la decisión de ejecución del Consejo sobre la sostenibilidad fiscal del paquete de reforma integral de las pensiones”, señalan fuentes de la UE a Europa Press.
Asimismo, desde Bruselas indicaron que estos contactos se producen generalmente con los Estados miembros, en particular en el caso de reformas «complejas», ya que la Comisión considera que se trata de la renovación del sistema de pensiones.
No obstante, las mismas fuentes han aclarado que corresponde al Gobierno español comunicar cualquier medida que pretenda presentar al respecto.
Durante una visita a Bruselas el pasado 20 de febrero, el ministro ya decía que estaba «muy cerca de poder cerrar el proceso» y pronosticaba que culminaría entre finales de febrero y principios de marzo, aunque garantizó que, en cualquier caso, la reforma llegará “antes de Semana Santa”.
Si no se respetan los plazos acordados con Bruselas para llevar a cabo la reforma de pensiones, España se expone a la suspensión de parte de los fondos del siguiente tramo del plan de recuperación, ya que se aplicaría la sanción máxima prevista en el procedimiento de suspensión a pagos por retrasos en la entrada en vigor, si bien en ningún caso la sanción afectará a la totalidad del plazo.
En términos concretos, la sanción por incumplimiento de plazos abre un plazo de seis meses para congelar parte del pago durante el cual el Estado miembro tiene la posibilidad de alcanzar la etapa o el objetivo correspondiente en caso de retraso, que, según al documento de la Comisión, “promueve la continuación de la aplicación del plan y da tiempo para que los países levanten la suspensión si cumplen con la medida”.
Si esto ocurre, Bruselas levantará la suspensión con una valoración positiva y luego abonará la cantidad congelada tras el dictamen positivo del resto de Estados miembros, a través del Comité Económico y Financiero.
En línea con la metodología sancionadora, la base para el cálculo de la cuantía suspendida será el “valor unitario” de un hito u objetivo, que se calcula dividiendo el valor total del plan de recuperación de cada Estado Miembro -69.528 millones en el caso de España- entre el número de hitos y objetivos, y que, de no alcanzarse, reducirá el presupuesto total inicialmente asignado.