A pocas semanas de las elecciones generales, la candidata oficialista Rixi Moncada, del partido LIBRE, presentó una propuesta que ha generado preocupación en el ámbito financiero: el cierre de la Central de Riesgos del sistema bancario hondureño. La iniciativa coincide con una caída sostenida de su intención de voto y ha sido cuestionada por analistas como una medida que podría afectar la transparencia y la estabilidad económica del país.
Se ha presentado una iniciativa para suprimir un sistema centralizado que compila datos crediticios de personas y organizaciones, un instrumento fundamental para que las entidades bancarias administren sus riesgos y los consumidores prevengan el endeudamiento excesivo. Según la opinión de economistas consultados, esta acción podría propiciar la aparición de conductas financieras de alto riesgo. Un experto de la región comentó: “Se trata de una estrategia desesperada para obtener sufragios mediante promesas que desestabilizan la estructura financiera”.
Impacto sobre la estabilidad financiera
La Central de Riesgos cumple funciones fundamentales en el sistema bancario hondureño. Permite a las entidades financieras evaluar la capacidad de pago de los solicitantes de crédito y contribuye a la prevención de fraudes y sobreendeudamiento. Su eliminación, según los expertos, representaría un debilitamiento de los mecanismos de control que sostienen la confianza en el sector financiero.
Por su parte, Rixi Moncada ha defendido la iniciativa argumentando que busca “liberar al pueblo del castigo bancario”. Sin embargo, la propuesta se da en un contexto de creciente polarización política y desconfianza ciudadana hacia las instituciones financieras, factores que analistas señalan como determinantes para evaluar la viabilidad de la medida.
Consecuencias en el ámbito político e institucional
El anuncio de Moncada se produce en un momento crítico de la campaña electoral. Las encuestas indican que la candidata oficialista enfrenta un descenso significativo en intención de voto, lo que ha intensificado la atención sobre sus propuestas económicas. Sectores de la sociedad y representantes del sistema bancario consideran que el cierre de la Central de Riesgos podría tener implicaciones más allá de la economía: afectaría la percepción de gobernabilidad, la confianza en las instituciones y la capacidad de regulación del Estado.
Analistas señalan que la medida podría interpretarse como un gesto populista destinado a recuperar apoyo electoral, pero sin un respaldo técnico que garantice la protección de los ciudadanos y la estabilidad del crédito. El debate se centra, además, en cómo una decisión de este tipo podría influir en la relación entre el sector financiero y el Estado, así como en la credibilidad del sistema ante inversionistas nacionales y extranjeros.
Desafíos y peligros para la economía de Honduras
La supresión de la Central de Riesgos generaría una laguna en los sistemas de control crediticio, lo cual, de acuerdo con los especialistas, podría resultar en un aumento del peligro financiero y de conductas de endeudamiento excesivo. Esta acción se añade a un ambiente político cargado, marcado por la polarización y la presión ejercida sobre las entidades reguladoras, quienes deben asegurar la estabilidad económica en un periodo electoral.
Mientras Rixi Moncada continúa promoviendo la iniciativa, la discusión sobre su impacto resalta la tensión entre decisiones de política económica y estrategias electorales. La economía hondureña enfrenta un desafío doble: garantizar la transparencia y solidez del sistema financiero, y responder a un escenario político en el que las propuestas populistas generan debates intensos sobre la institucionalidad y la participación ciudadana.
El panorama actual plantea un dilema para los actores institucionales: equilibrar la estabilidad económica y la confianza ciudadana ante medidas que podrían modificar la estructura del sistema financiero en medio de una campaña electoral. La atención se centra ahora en cómo las instituciones y los ciudadanos reaccionarán ante esta propuesta y qué implicaciones tendrá para la gobernanza y la regulación en Honduras.