Canarias muestra su disconformidad con la privatización de varias torres de control aéreo en las islas
El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, manifestó este jueves el desacuerdo del ejecutivo con el proyecto de decreto para la privatización de las torres de control aéreo que afectan a los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur.
Así lo ha revelado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves en Las Palmas de Gran Canaria.
De esta forma, Pérez ha explicado que Canarias está en contra de esta privatización y que el Gobierno quiere que se estudien otras alternativas y el mantenimiento del carácter público de las torres.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes ha presentado alegaciones al proyecto de ordenanza de la Dirección General de Aviación Civil que propone privatizar los servicios de control de tráfico aéreo de los principales aeropuertos de Canarias, solicitando la suspensión del proceso.
El Ejecutivo autonómico busca que la decisión final sea la más adecuada al interés público y dé prioridad a la calidad y seguridad del servicio de control del tráfico aéreo de los aeródromos de Canarias.
Asimismo, ha señalado que este proyecto de Ordenanza de Aviación Civil tiene por objeto seleccionar nuevos proveedores civiles de servicios de control del tráfico aéreo de siete aeródromos de toda España, entre los que se encuentran los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur, los de mayor actividad de la Comunidad Autónoma con más de 1.331.000 viajeros el pasado mes de enero, el 70% de los pasajeros de todos los aeropuertos canarios.
El Ministerio recordó que, de conformidad con el artículo 161.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la participación en la planificación, programación y gestión de los puertos y aeropuertos de interés general corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias en los términos que determine la La normativa estatal, por ser redes imprescindibles para conectar el territorio como región ultraperiférica.
Por ello, y porque la externalización de los servicios de control del tráfico aéreo puede tener un impacto significativo en la seguridad y conectividad con Canarias y en la movilidad entre islas, tan importante en la paulatina recuperación de la actividad económica y del uso del archipiélago. tras la crisis de la pandemia y la invasión de Ucrania, por lo que el ministerio considera necesario solicitar la suspensión de este proceso de privatización.
En estas alegaciones presentadas por la Consejería de Transportes regional queda claro que el compromiso de este Gobierno es mantener el control público sobre las torres de estos tres aeropuertos.
Finalmente, el Gobierno de Canarias se ha comprometido a mantener la entidad pública ENAIRE, adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encargada de los centros de control de tráfico aéreo de los tres aeropuertos canarios afectados por su probada eficacia y calidad, que ha sido reconocido incluso por varios organismos de la UE.
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