Un tribunal colegiado federal revocó la resolución que mantenía vigente el proceso contra Francisco González Arredondo, exfiscal especializado en derechos humanos de Chihuahua, y determinó que la acusación presentada en su contra no contaba con elementos jurídicos suficientes para sostener su vinculación a proceso. La decisión cuestiona la forma en que la Fiscalía estatal planteó las acusaciones por presunta tortura psicológica.
González Arredondo encabezó entre 2016 y 2021 la llamada Operación Justicia para Chihuahua, estrategia impulsada durante el gobierno de Javier Corral para investigar una presunta red de desvío de recursos públicos relacionada con la administración del exgobernador César Duarte. Tras el cambio de gobierno estatal, fue detenido en noviembre de 2022 y pasó de dirigir investigaciones contra la corrupción a enfrentar un proceso penal.
La resolución judicial, emitida el 30 de julio en una sentencia de 109 páginas, establece que la Fiscalía no precisó de manera suficiente cuándo habrían ocurrido los hechos atribuidos al exfiscal. Para los magistrados, esa falta de precisión afectó la posibilidad de que González Arredondo pudiera ejercer una defensa adecuada frente a las acusaciones.
Uno de los principales cuestionamientos del tribunal se refiere al periodo utilizado por el Ministerio Público para situar los presuntos actos de tortura. La acusación abarcaba aproximadamente 21 meses, entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, pero no identificaba fechas concretas, circunstancias específicas ni la participación que habría tenido el exfiscal en cada uno de los hechos señalados.
Los magistrados también revisaron las grabaciones de las primeras audiencias del procedimiento. En ellas observaron que la defensa solicitó en repetidas ocasiones que se especificaran las fechas de los supuestos actos, mientras que la Fiscalía mantuvo como referencia únicamente el amplio periodo de casi dos años. El tribunal consideró que esa indefinición afectaba directamente el derecho a una defensa efectiva.
La resolución de igual manera analizó el testimonio del denunciante. Los togados estimaron que la narración mostraba un desarrollo temporal inexacto en relación con los interrogatorios, intimidaciones y coacciones mencionadas, omitiendo precisar en qué momento sucedieron o en cuáles de dichos acontecimientos participó de forma directa González Arredondo.
El tribunal, integrado por Marta Barrios, Mario Gámez y José Cornejo, concluyó que las deficiencias relacionadas con el tiempo y las circunstancias de los hechos también dificultaban determinar la probable participación del exfiscal y ponían en duda la existencia de elementos suficientes para mantener la acusación.
El fallo incorpora además una comunicación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante el proceso de amparo, el organismo manifestó su preocupación ante la posibilidad de que las acciones penales contra González Arredondo constituyeran una represalia relacionada con su trabajo en investigaciones de corrupción. El tribunal decidió incorporar la comunicación al expediente para considerarla al resolver.
González Arredondo había permanecido encarcelado preventivamente desde noviembre de 2022, hasta que un juez federal dispuso en marzo de 2023 que afrontara el proceso en libertad. Dicha resolución supone un revés para la fiscalía y altera sustancialmente el estatus legal del exfuncionario, cuyo recorrido profesional quedó indisolublemente ligado a las indagatorias anticorrupción impulsadas en la administración de Javier Corral.
El asunto cobra importancia en la discusión acerca de la utilización del sistema penal frente a servidores públicos y activistas de derechos humanos vinculados con pesquisas delicadas. El fallo resalta el deber gubernamental de presentar imputaciones exactas y salvaguardar las garantías del debido proceso para quienes enfrentan una causa penal.
Fuente: EL PAÍS — https://elpais.com/mexico/2026-08-08/la-justicia-desarma-el-caso-contra-el-fiscal-que-persiguio-la-corrupcion-en-chihuahua.html