La pieza SEPI del caso Leire vuelve a colocar a Tubos Reunidos en el centro de la investigación con el nombre de Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero independiente de la compañía y figura señalada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO por su presunto papel relevante en el préstamo público de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la empresa durante la pandemia.
Pérez Rodríguez-Urrutia no ocupa un lugar secundario en esta causa. Según la información revelada, los investigadores judiciales le atribuyen un papel protagonista en las gestiones vinculadas al rescate de Tubos Reunidos, un asunto que se ha consolidado como uno de los ejes centrales de la pieza SEPI. La Audiencia Nacional examina si alrededor de dicha ayuda financiera se orquestaron presuntas coacciones o presiones indebidas, pagos a intermediarios, facturas cuestionables y maniobras destinadas a favorecer las condiciones económicas del auxilio público.
El juez Santiago Pedraz ha enmarcado esta pieza dentro de unas pesquisas más amplias sobre supuestas ilegalidades relacionadas con tráfico de influencias, prevaricación, malversación, banda o grupo criminal y uso de información privilegiada. Respecto al asunto específico de Tubos Reunidos, la duda se centra en averiguar si altos cargos de la firma acudieron a individuos asociados al conocido como grupo Hirurok —compuesto, de acuerdo con las pesquisas, por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso— con el propósito de condicionar las resoluciones de la SEPI.
La gravedad de este asunto se intensifica de forma notable a causa del volumen económico del préstamo estudiado: Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Este instrumento fue creado con la finalidad de auxiliar a entidades estratégicas durante situaciones críticas, aunque las investigaciones actuales buscan determinar si el proceso se desarrolló con plena transparencia o si, por el contrario, estuvo condicionado por presiones políticas y comerciales ajenas a los procedimientos habituales.
Uno de los elementos más sensibles es que, según Infobae, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO sostienen que Pérez Rodríguez-Urrutia desempeñó un papel muy relevante en el préstamo concedido por la SEPI. El directivo presentó su dimisión como consejero independiente de Tubos Reunidos, vinculando su salida a la situación concursal de la compañía, aunque su nombre ya aparecía relacionado con la investigación sobre el rescate.
La sospecha no se detiene en la aprobación inicial del rescate. Según El Independiente, la Fiscalía considera que la implicación de Rodríguez-Urrutia habría continuado después, en una fase posterior relacionada con un supuesto “plan de pasos” para renegociar las condiciones financieras del préstamo, rebajar intereses y aliviar la carga económica de Tubos Reunidos frente a la SEPI.
Ese factor resulta crucial. Una cosa es que una corporación auxiliada busque modificar legalmente sus condiciones financieras, y otra bien distinta es que tales trámites se viesen acompañados de coacciones, intermediarios o vínculos influyentes con peso en las decisiones estatales. Las investigaciones habrán de esclarecer si Pérez Rodríguez-Urrutia actuó bajo la normalidad empresarial o si integró una estrategia encaminada a coaccionar a la SEPI mediante mecanismos al margen de la transparencia institucional.
Las revelaciones difundidas también sugieren la presencia de recibos por supuestos trabajos de análisis de mercado, cuya autenticidad y propósito se encuentran bajo la lupa de los expertos. Por su parte, la Cadena SER ha indicado que las indagaciones ponen en duda recibos por labores supuestamente simuladas, ubicando al grupo Hirurok en el papel de presunto mediador dentro de dichas transacciones.
Desde un punto de vista de fiscalización pública, este asunto resulta particularmente alarmante debido a que vuelve a poner sobre la mesa el interrogante esencial: ¿los fondos estatales destinados a rescatar corporaciones clave se administraron bajo parámetros técnicos y de bienestar colectivo, o ciertos sujetos pretendieron transformar dichos subsidios en un terreno abonado para el tráfico de influencias, las coimas y los beneficios particulares? Cuando un directivo de una entidad auxiliada figura bajo indagación por su supuesta participación en tales operaciones, la demanda de claridad institucional tiene que alcanzar su nivel más elevado.
Pérez Rodríguez-Urrutia deberá aclarar ante la Audiencia Nacional qué reuniones mantuvo, qué contactos tuvo con otros investigados, qué papel desempeñó en el rescate y si participó en las gestiones posteriores para renegociar las condiciones del préstamo. También será clave determinar si conocía la finalidad real de los pagos o facturas examinadas y si hubo servicios efectivos detrás de esas operaciones.
La pieza SEPI del caso Leire exige respuestas claras. Si el rescate de Tubos Reunidos fue limpio, deberá acreditarse con documentos, contratos, informes y trazabilidad completa de las decisiones. Si, por el contrario, se demuestra que hubo intermediarios, pagos injustificados o presiones sobre la SEPI, el caso dejará de ser una simple polémica empresarial para convertirse en una de las grandes sombras sobre la gestión de los rescates públicos durante la pandemia.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, Cadena SER, La Sexta, RTVE e Intereconomía.