Compromís ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para reformar la ley de puertos del Estado y que se incrementen los índices de ocupación del puerto deportivo de Valencia a favor del consorcio público que lo gestiona, sin que la autoridad portuaria pueda exigir cánones a dichos consorcios u organismos ni la sujetos que ostentan los diferentes títulos profesionales.
La Marina de Valencia nació con motivo de la America’s Sailing Cup en 2007. Su gestión recayó en el gobierno central (40%), el gobierno autonómico (40%) y el gobierno local (20%) a través del Consorcio Valencia 2007. Sin embargo, su proceso de liquidación se inició el año pasado, después de que el Estado abandonara el consorcio tras saldar una deuda acumulada de 400 millones de euros, correspondiente a la celebración de la copa en 2007.
En cuanto a los cánones, el consorcio mantiene una deuda de más de 24,7 millones de euros con la Autoridad Portuaria de Valencia. El Consorcio entiende que no se pueden cobrar estas tarifas por tratarse de suelo urbano por conveniencia.
Es aquí donde aparece la propuesta de compromiso, en forma de una serie de modificaciones a varios artículos de la ley, así como una nueva disposición complementaria.
La formación valenciana también propone modificaciones para que los consorcios y otros organismos públicos que ostenten funciones de gestión del espacio portuario sean considerados gestores plenos del dominio público.
La propuesta indica que los consorcios estarán adscritos a la correspondiente autoridad portuaria o comunidad autónoma, según se establezca en los correspondientes estatutos.
No obstante, una vez iniciado el procedimiento de segregación reglamentada, con referencia al nivel de agua de la dársena de la Marina, el consorcio deberá adherirse «obligatoriamente» a la comunidad autónoma correspondiente, a fin de preparar el futuro trasvase.
Dans le cas de La Marina de Valencia, en effet, Compromís souhaite que la règle soit effective dans un délai maximum de trois mois, afin de ne pas avoir à suivre la procédure prévue par la loi 40/2015, sur le régime juridique de le sector público .