El Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Española de Banca (AEB) firmaron este lunes un convenio de colaboración cuyo objetivo es fomentar y promover la información al consumidor y la formación en educación financiera, acceso digital a la banca y servicios de ciberseguridad.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado hoy este convenio con la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, que servirá también para formar a los ciudadanos en el uso y acceso a los servicios digitales municipales, recoge el Ayuntamiento en nota de prensa .
Ambos estuvieron acompañados por el Delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, y el Director General de Conducta Financiera y Billete del Banco de España, Alberto Ríos, así como representantes de diversas asociaciones de consumidores.
Almeida ha recordado que los ayuntamientos «son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y, por tanto, en las que más confianza tienen», por lo que ha subrayado la importancia de este acuerdo «que conseguirá que todos los colectivos se sientan más alejados de las oportunidades que ofrecen las entidades financieras en el ámbito digital”.
El alcalde aseguró que en ocasiones «la ciudadanía no sabe qué tipo de operaciones digitales se pueden realizar y las condiciones de seguridad que ofrecen» y se mostró confiado en que con este acuerdo «se despejarán muchas dudas y se seguirá avanzando en la transformación digital de la ciudad.
Las acciones incluidas en el acuerdo se concretarán, en particular, en campañas de concienciación y sensibilización y en la colaboración durante la elaboración de material divulgativo, todo ello con el objetivo de formar una ciudadanía más consciente, segura y crítica en sus relaciones tecnológicas., Aspectos fundamentales para evitar posibles fraudes. Además, estas iniciativas promoverán el intercambio de información entre el Ayuntamiento y la AEB, una asociación profesional que agrupa a los bancos españoles y extranjeros que operan en España.
La firma de este acuerdo es una medida de protección para la población en general, pero especialmente para los sectores más sensibles y vulnerables como las personas mayores, para quienes el uso de las nuevas tecnologías puede suponer una situación de exclusión social.