Nota del editor: Jorge Dávila Miguel se graduó en periodismo en 1973 y ha mantenido una carrera continua en su profesión hasta el día de hoy. Tiene posgrados en Ciencias de la Información Social y Social Media, así como estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, Economía Política e Historia de América Latina. Dávila Miguel es columnista de El Nuevo Herald en McClatchy Network, analista político y columnista de CNN en Español. Los comentarios expresados ​​en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Ver más en cnne.com/opinion

(CNN Español) — Si hay un país entre Río Grande y la Patagonia donde no hay ejércitos, donde no hay golpes desde hace más de 100 años -aunque con una guerra civil en 1948-, y donde las elecciones presidenciales parecen transcurrir sin enganche de las olas moviendo un bote en el río, esto es Costa Rica.

Pero según Eduardo Cruickshank, diputado y excandidato presidencial en las elecciones costarricenses por el Partido Restauración Nacional, en 2020 se planeó un golpe de Estado contra el presidente Carlos Alvarado, y por ser entonces presidente del Congreso, sugirieron prepararse para asumir la presidencia de la nación, que dijo que rechazaba.

El Ministerio Público costarricense está realizando una investigación abierta sobre dicha denuncia. Al respecto, Alvarado dijo en enero que apoyaba la apertura de una investigación por parte de la fiscalía “en el marco de lo que pasó en octubre de 2020, porque pasaron muchas cosas”. Aunque también subrayó que “nunca se ha comprometido el monopolio estatal de la fuerza”.

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Cruickshank aseguró en un libro que la trama tuvo lugar hace dos años en la capital costarricense, San José, donde efectivamente hubo fuertes protestas populares con violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías. El diputado aclaró entonces que la iniciativa del supuesto golpe de Estado provino de un sector de los manifestantes que «lo planteó sin éxito».

¿La supuesta causa de las protestas? la negociación de un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un financiamiento de 1.750 millones de dólares. Este acuerdo incluyó un fuerte ajuste fiscal que afectó a la población.

Este domingo 3 de abril se realizará una segunda vuelta electoral en Costa Rica, ya que ninguno de los 25 candidatos a primer magistrado del país en la primera vuelta de febrero ha alcanzado el 40% exigido por las leyes electorales. Y de acuerdo con estas mismas leyes, corresponde exclusivamente a los dos candidatos más votados participar en una nueva elección el domingo 3 de abril. Se trata de José María Figueres, del histórico Partido de Liberación Nacional (PLN), y el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, del joven Partido Democrático del Progreso Social (PPSD). Figueres ocupó anteriormente la presidencia del país de 1994 a 1998 y obtuvo el 27,26% de los votos en las elecciones del 6 de febrero de este año, mientras que Chaves obtuvo el 16,7%.

Es una elección amenazada por el fantasma crónico del ausentismo electoral en Costa Rica. Los del 6 de febrero tuvieron poco más del 40 % de ausentes en la papeleta mientras que en la actualidad, el 18,1 % de la población electoral, de unos 3.500.000 electores, admite estar indeciso, según informó el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de la Costa. Rica.

La principal preocupación de los costarricenses en este momento es el alto precio de la gasolina, que se espera que aumente aún más después de varios aumentos anteriores. Una cuestión difícil de resolver para cualquiera de los candidatos, ya que factores internacionales, todos ajenos a la elección costarricense, inciden en dicha situación. Entre los temas electorales más importantes están el acceso al trabajo, la situación de la mujer, las desigualdades sociales y la corrupción, que parece ir en aumento en Costa Rica, según un estudio reciente de la Universidad Nacional.

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El actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado (quien asumió el cargo en 2018 y dejará el cargo este año), termina su mandato bajo graves cargos. Recientemente, la Fiscalía General de Justicia de Costa Rica solicitó el levantamiento de la inmunidad y el inicio del juicio contra Alvarado y el actual diputado Víctor Morales Mora por prevaricación, fraude a la ley y abuso de poder por parte de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Alvarado admitió que se cometieron errores y dijo que se subsanaron, pero que “nunca hubo abuso de fondos públicos y siempre se actuó bajo el bloque de la legalidad” ni del “espionaje”.

Las próximas elecciones en Costa Rica pueden cambiar el rumbo del país, promete Rodrigo Chaves, un socialdemócrata que pretende cambiar el sistema tributario del país, reorganizar el presupuesto público, aumentar la inversión en energía verde y cambiar el parque automotor del país; controlar el gasto y asignar una pensión mínima universal. Por su parte, José María Figueres ––hijo de José Figueres Ferrer, tres veces presidente de la República y principal actor de la guerra civil de 1948, que le llevó a su primera presidencia–– tiene entre sus promesas de campaña reducir el paro y la pobreza , y promover la protección del medio ambiente mediante la eliminación de la explotación de hidrocarburos, así como la promoción de las asociaciones público-privadas, la inversión de los fondos de pensiones en obras públicas y la creación de infraestructura sostenible.

Así lo prometen los candidatos Chaves y Figueres, opositores en la elección presidencial de este domingo 3 de abril en Costa Rica. La elección está cerca. Y el futuro de la «Suiza de Centroamérica» ​​está en manos de los indecisos.

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