El decreto-ley que reordena los incentivos a la contratación, por el que se introducen nuevas primas de seguridad social para determinados trabajadores, supondrá un ahorro anual de 48,1 millones de euros en gasto público.
Tal y como se indica en la memoria económica de la liquidación, a la que ha tenido acceso Europa Press, las nuevas medidas y novedades previstas en el Real Decreto-Ley suponen un mayor gasto de 197,8 millones de euros, pero al mismo tiempo las iniciativas que han suprimido con la entrada en vigor del reglamento supondrá un ahorro público de 238,93 millones de euros anuales.
Así, todas las medidas previstas en el texto conllevan una reducción del gasto público estimada en 36,13 millones de euros anuales. A esta cantidad habrá que sumar otros 12 millones de ahorro una vez transcurridos los dos años de vigencia de la prima por transformación en contratos temporales discontinuos de duración determinada suscritos por los trabajadores por otras cuentas agrarias.
Entre las partidas con mayor gasto público se encuentran los nuevos bonos para la contratación indefinida de jóvenes de baja cualificación o personas en prácticas en empresas, ambas con un coste de 77,6 millones de euros anuales.
Asimismo, la transformación de los contratos de formación y sucesión en contratos indefinidos supondrá un coste de 40,6 millones de euros, mientras que los costes de las tutorías en empresa vinculadas al contrato de trabajo y estudio alcanzarán los 30 millones.
AHORRE $238.93 MILLONES AL AÑO
Junto a las nuevas bonificaciones, el nuevo decreto-ley también suprime otras ayudas a la contratación que supondrán un ahorro de 74,8 millones de euros.
A su vez, ampliar el periodo de actividad de los trabajadores con contrato indefinido discontinuo de los sectores del turismo y del comercio y la hostelería vinculados a la actividad turística podría suponer un menor gasto de 130,7 millones de euros. En 2021 los meses de febrero a noviembre fueron decreciendo y ahora solo se contabilizarán los meses de febrero, marzo y noviembre, y por un importe fijo de 174 euros al mes.
Además, la supresión del bono de contratación indefinida para familiares del autónomo supondrá una reducción del gasto de 4,8 millones de euros.
El Gobierno indica que actualmente se dedican más de 1.800 millones de euros a la financiación de los bonos de trabajo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El objetivo de la norma, según el Gobierno, es promover la reducción del paro, especialmente en los casos de los colectivos más vulnerables, y la creación de puestos de trabajo «estables y de calidad».