El Partido Regionalista Cántabro (PRC) defenderá la próxima semana en el pleno del Congreso una iniciativa para pedir al Gobierno que incluya la ganadería, tanto extensiva como intensiva, que ha cuestionado el ministro Alberto Garzón, en todo tipo de ayudas relacionadas con el sector agrario.
La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, es fruto de una interpelación urgente del diputado nacional del PRC, José María Mazón, dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el pasado miércoles en el Congreso.
En su propuesta, el PRC pide que la ganadería pueda acogerse a “todo tipo de ayudas públicas vinculadas al sector agrario, sin discriminación alguna”. En este sentido, la formación cántabra pide al Gobierno que «afirme su compromiso» en la defensa del sector ganadero.
Durante la interpelación, el ministro Luis Planas aseguró que el Gobierno es un «firme defensor» de la ganadería extensiva que, además, ha dicho, es «económica y ecológicamente sostenible» en España.
ACLARACIONES SOBRE LA LEY DE NUTRICIÓN DE RESIDUOS Y SUELOS
En la misma propuesta, el PRC pidió aclarar varios artículos de la ley sobre residuos y el decreto sobre la nutrición sostenible de los suelos agrícolas.
En el caso de la Ley de Residuos, el PRC instó a aclarar el artículo 27.3, relativo a la incineración de residuos, para que no existan «discrepancias y diferentes interpretaciones» entre los distintos departamentos ministeriales y organismos autónomos a la hora de examinar las fincas autorizadas para quemar los residuos vegetales generados en el medio agrícola o forestal.
En cuanto a la nutrición de los suelos agrícolas, el CRP ha propuesto eximir a las explotaciones ganaderas extensivas de la elaboración y aplicación de un plan de fertilización y del cumplimiento de los requisitos de emisión al esparcir purines o purines sólidos o materias orgánicas u organominerales, incluidos los residuos.
Según el PRC, el decreto prohíbe determinadas prácticas en la gestión de estiércol y purines e introduce nuevos requisitos administrativos que suponen una carga económica para el «sector ganadero ya muy afectado».
Además, el CRP señala que el documento no tuvo en cuenta circunstancias determinantes como las características climáticas y orográficas, el modelo de agricultura familiar, la estructura de propiedad campesina, o el sistema de explotación y manejo del territorio, que fueron particularmente afectados, recuerda la formación, las explotaciones de la cornisa cantábrica.
“Los requisitos que se incluyen en esta normativa son en algunos casos imposibles de cumplir, y en todos los casos contribuyen a incrementar los ya inflados costes de producción de nuestras explotaciones”, denuncia el RPC.