(CNN Español) — El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009 – 2014) fue condenado este martes a 10 años y 6 meses de prisión y al pago de una multa de más de 19,2 millones de dólares tras ser declarado responsable, junto a otras cuatro personas, del delito de dinero blanqueo de capitales en el llamado caso «Negocio Nuevo», relativo a la compra de un grupo editorial que, según el Ministerio Público, fue adquirido con fondos de contratos estatales que han sido tratados irregularmente.

En la sentencia, emitida por el Poder Judicial, la jueza Baloísa Marquínez ordena al expresidente Martinelli pagar al Tesoro Nacional de Panamá la multa de US$19.221.600,48 como pena accesoria en el plazo de 12 meses.

El expresidente deberá pagar esta cifra una vez cumplida la pena principal, que, según la sentencia, equivale al doble del beneficio económico, que dice haber recibido, y que estaría debidamente cuantificado.

Ricardo Martinelli, quien es candidato presidencial para las próximas elecciones generales en Panamá, que se realizarán en mayo de 2024, siempre ha dicho que es inocente y víctima de persecución política.

En mayo, la Fiscalía panameña dijo que en el caso “Negocios Nuevos”, que comenzó a investigarse en 2017, pudo identificar que se realizó la compra de acciones de Editora Panamá América, que edita diarios y revistas. “por un complejo esquema que involucraba a personas naturales y jurídicas, que realizaban maniobras de estratificación financiera, a través de múltiples transacciones nacionales e internacionales”, con las que presuntamente recaudaron cerca de US$44 millones en 2010 en una cuenta bancaria offshore a nombre de New Business Services Limited .

CNN está tratando de obtener la reacción de Martinelli, pero hasta ahora no ha tenido una respuesta. No se obtuvo ningún comentario de su vocero, Luis Eduardo Camacho, ni de su abogado.

Camacho publicó este martes un mensaje en sus redes sociales en el que afirma que «abogados y simpatizantes analizarán el exabrupto legal que pretende hacer de una transacción privada legítima, que no implica ningún daño patrimonial para el Estado, según indicaron el Tribunal de Cuentas y el Contraloría, en un delito inexistente. En las próximas horas se dará un comunicado al país sobre las acciones políticas y judiciales a seguir.