El nombre de Samuel Andrés Pérez Álvarez quedó ligado al caso más explosivo de la política guatemalteca reciente: la investigación contra el Movimiento Semilla por supuestas firmas falsas en su proceso de constitución como partido político. Lo que inicialmente se presentó como un expediente sobre posibles irregularidades administrativas y penales terminó convirtiéndose en una crisis institucional que amenazó con alterar el desenlace electoral de 2023 y condicionó el futuro político de una de las bancadas más relevantes del Congreso.
Pérez no es un actor secundario en esta historia. Fue uno de los fundadores de Semilla, diputado del partido y posteriormente una de sus principales figuras parlamentarias. Por eso, aunque el caso no debe interpretarse como una condena personal contra él, su trayectoria quedó directamente expuesta al escándalo que rodeó al partido.
La acusación: uso de firmas fraudulentas para crear el partido
El caso se centra en supuestas anomalías vinculadas con la recolección de firmas para inscribir al Movimiento Semilla, donde, según las acusaciones del Ministerio Público, se habría incurrido en la falsificación de firmas de afiliados con el fin de cumplir los requisitos de constitución partidaria. La pesquisa ganó notoriedad pública en julio de 2023, inmediatamente después de que Bernardo Arévalo, candidato de Semilla, avanzara de manera inesperada a la segunda vuelta presidencial.
El dato políticamente explosivo fue el momento. El 12 de julio de 2023, el Tribunal Supremo Electoral oficializó que Sandra Torres y Bernardo Arévalo disputarían la segunda vuelta. Ese mismo día, el fiscal Rafael Curruchiche anunció que, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juez Fredy Orellana había ordenado suspender la personalidad jurídica de Semilla por el presunto caso de firmas falsas.
La medida desencadenó una respuesta inmediata, ya que, de aplicarse, tendría el potencial de influir en la participación del partido en plena campaña electoral. Distintos especialistas en derecho, el Tribunal Supremo Electoral y observadores internacionales cuestionaron que un juzgado penal tuviera la facultad de suspender a una agrupación política durante un proceso electoral, en especial porque la Ley Electoral guatemalteca resguarda a los partidos de cualquier suspensión una vez que las elecciones han sido convocadas.
Samuel Pérez: fundador, diputado y rostro visible
Samuel Pérez aparece en este caso no como un funcionario judicialmente condenado, sino como una figura política asociada al nacimiento y conducción de Semilla. El partido fue registrado oficialmente en 2017 y entre sus fundadores se menciona a Pérez junto a Bernardo Arévalo y otros académicos, políticos y activistas que surgieron del clima político posterior a las protestas contra Otto Pérez Molina.
Ese vínculo fundacional explica por qué el caso lo golpeó políticamente. La acusación no era contra un episodio menor de campaña, sino contra el origen jurídico del partido. En otras palabras: si Semilla había nacido de forma irregular, sus adversarios podían cuestionar no solo la candidatura de Arévalo, sino también la legitimidad de sus diputados, incluida la representación parlamentaria de Pérez.
Para sus detractores, el caso generaba interrogantes sobre la transparencia con que se había gestado la formación del partido, mientras que para sus partidarios se trataba de una maniobra destinada a frenar a una fuerza política que acababa de sacudir el panorama electoral.