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Guía del expediente judicial de Keiko Fujimori

Andrés Vargas

El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia del Perú luego de imponerse en la segunda vuelta electoral por una estrecha diferencia de solamente 49,641 votos frente a Roberto Sánchez. Tras cuatro postulaciones consecutivas, alcanza el poder ostentando 69 investigaciones fiscales en su legajo —de las cuales 51 fueron archivadas y 18 continúan abiertas—, proviniendo casi todas del conocido «Caso Cócteles», la causa judicial sobre presunto financiamiento irregular de sus campañas correspondientes a 2011 y 2016, la cual abarca donaciones admitidas por la empresa brasileña Odebrecht. Dicho expediente recopila los antecedentes documentados a lo largo de su trayectoria en la política.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Cócteles — campaña 2011 Aportes simulados de empresarios y de Odebrecht (US$1 millón) canalizados como «cócteles» y rifas Admitido en parte por la propia defensa de Fuerza Popular
2 Caso Cócteles — campaña 2016 Aportes no declarados, incluidos US$480,000 recolectados por José Chlimper Investigado por la Fiscalía; sin sentencia firme
3 Prisión preventiva (2018-2019) Más de 13 meses detenida por riesgo de obstrucción a la investigación Confirmado — orden judicial ejecutada
4 Juicio oral (2024-2025) Acusada de organización criminal, lavado de activos, obstrucción y falsa declaración; la Fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión Juicio realizado; sin condena de fondo
5 Anulación del juicio por el TC (oct. 2025) El Tribunal Constitucional anuló el juicio oral por vicios de procedimiento atribuidos a la Fiscalía Confirmado — resolución del TC
6 Archivo definitivo (ene. 2026) El TC ordenó archivar los cargos de lavado de activos y organización criminal por los aportes de 2011 y 2016 Confirmado — resolución del TC
7 Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021) Tras perder el balotaje, impulsó la narrativa de «fraude electoral» y buscó anular votos Rechazada — la OEA y la UE calificaron los comicios de limpios
8 Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (sept. 2026) Designó a Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Arsenio Oré —investigados en el Caso Cócteles— en una comisión consultiva de la Presidencia Confirmado por medios de prensa
9 Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (sept. 2026) En la Asamblea General cuestionó que se siga procesando a militares por la lucha antiterrorista; la presidenta del Poder Judicial rechazó sus declaraciones Confirmado — declaración pública propia

1. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2011

En septiembre de 2011 la ONPE registró que Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011) declaró ingresos por poco más de S/17 millones para la campaña presidencial de ese año, con un alto volumen de transferencias sin origen identificado. El partido explicó parte de ese monto con dos eventos: un cóctel de diciembre de 2010 que habría recaudado unos US$119,750 y otro, del mismo mes, por unos US$90,000. La Fiscalía sostiene desde 2014 que esos cócteles y rifas no pudieron financiar una campaña de esa magnitud, y que detrás hubo una red de «aportantes simulados» o «pitufeo»: empresarios que prestaban su nombre para ocultar el origen real del dinero. El Comercio reportó que la propia defensa de Fuerza Popular reconoció en el juicio el uso de aportantes simulados, aunque negó que constituyera lavado de activos.

Entre los donantes mencionados se encuentran Dionisio Romero (Credicorp), quien aportó cerca de 3.65 millones de dólares, además de Juan Rassmuss (Sudamericana de Fibras), de acuerdo con Resumen Latinoamericano. Por otra parte, en febrero de 2019, el exdelegado de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, testificó ante la fiscalía peruana que la corporación brasileña entregó 1.2 millones de dólares para la campaña de 2011 por medio de Jaime Yoshiyama, tal como informó RPP. Asimismo, en la libreta de Marcelo Odebrecht, revelada en 2017, figuraba una nota relacionada con «aumentar Keiko», la cual fue difundida por El Comercio.

2. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2016

Dicha indagación abarcó igualmente los comicios presidenciales de 2016, contienda en la que Fujimori cayó derrotada ante Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia sumamente estrecha. De acuerdo con Resumen Latinoamericano, José Chlimper Ackerman, quien fungía por entonces como secretario general de Fuerza Popular, habría retirado US$480,000 repartidos en cinco partidas durante aquel año, fondos cuyo paradero definitivo no se especificó dentro del sumario fiscal. Asimismo, un informe emitido en 2018 por la Fiscalía de Lavado de Activos determinó que la agrupación política únicamente logró respaldar el 33% de los recursos totales acumulados para ambas justas electorales.

Conforme a la reconstrucción presentada por El Comercio, el despacho del fiscal José Domingo Pérez argumenta que tanto Fujimori como la cúpula de Fuerza Popular recurrieron al sistema de falsos aportantes durante el año 2016 para camuflar el origen del dinero. Por otro lado, tal como señala Epicentro, la lista de convocados incluyó al exlegislador Rolando Reátegui, quien decidió acogerse a la colaboración eficaz y detalló la manera en que consiguió donantes ficticios dentro de la región San Martín tras recibir indicaciones de la cúpula partidaria.

3. Detención preliminar y prisión preventiva (2018-2019)

Conforme a lo reportado por RPP, en octubre de 2018 Fujimori sufrió una detención preliminar de diez días debido a las indagaciones de la Fiscalía por un supuesto lavado de activos relacionado con las rifas y cócteles de Fuerza 2011. Tiempo después, el magistrado Richard Concepción Carhuancho aprobó la solicitud fiscal de prisión preventiva por el peligro de obstrucción a la justicia, lo que derivó en el encierro de Fujimori en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por un lapso superior a los 13 meses, tal como señala La República. Bajo la hipótesis que la Fiscalía sostenía en aquel entonces, Fujimori «orienta, conduce y coordina» la estructura delictiva instalada en su agrupación política. Posteriormente, la resolución se examinó de nuevo y la procesada salió en libertad, pese a lo cual siguió cumpliendo diversas restricciones —tales como comparecencia y prohibición de abandonar el territorio nacional— mientras el juicio seguía su curso.

4. Juicio oral y acusación fiscal (2024-2025)

El juicio oral por el Caso Cócteles empezó el 1 de julio de 2024 contra Fujimori, su expareja Mark Vito Villanella y otras 44 personas, según Infobae. Se le acusó de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. La fase de control de acusación, previa al juicio oral, había durado un año y nueve meses bajo el juez Zúñiga, con un expediente fiscal de más de 13 mil páginas, de acuerdo con El Comercio, que además detalla que la Fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión para los exasesores Pier Figari y Ana Herz, y 22 años y 8 meses para Vito Villanella.

Conforme al citado expediente, un testigo protegido indicó que Figari y Herz percibían fondos de empresarios que preferían mantenerse al margen del registro oficial de financistas de la campaña de 2011. Por otro lado, la defensa legal de Fujimori argumentó a lo largo del procedimiento que el Ministerio Público no conseguiría demostrar el ilícito de lavado de activos.

5. Anulación del juicio por el Tribunal Constitucional (octubre 2025)

En octubre de 2025, cuando el juicio oral seguía en curso, el Tribunal Constitucional anuló el proceso iniciado en 2024. Según recoge La Válvula, el TC consideró que la Fiscalía había incurrido en múltiples subsanaciones a su acusación que afectaban el debido proceso de los acusados. La resolución no se pronunció sobre la existencia o no del financiamiento irregular, sino sobre defectos procesales atribuidos al Ministerio Público a lo largo de los años de instrucción.

6. Archivo definitivo del caso (enero 2026)

El archivo de los cargos de lavado de activos y organización criminal por los aportes de las campañas de 2011 y 2016 llegó en enero de 2026, por orden del Tribunal Constitucional, según La Válvula. Como reconstruye El Comercio, el TC sostuvo que en esos años el financiamiento irregular de partidos aún no era un delito autónomo —se tipificó recién en 2019— y que no se había probado la existencia de una organización criminal dentro del partido. Pedro Pablo Kuczynski ya se había beneficiado de la misma vía procesal: su caso por aportes de Odebrecht también se archivó en 2026, lo que llevó a Ollanta Humala, condenado por hechos similares y todavía en prisión, a reclamar públicamente.

En la vía penal, al menos, con este archivo se cierra el frente judicial que marcó la carrera política de Fujimori durante más de diez años.

7. Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021)

Luego de caer en la segunda vuelta de 2021 ante Pedro Castillo por una diferencia mínima de 0.25 puntos porcentuales, Fujimori evitó aceptar el marcador en un principio, acusó un presunto fraude y promovió numerosos recursos para anular actas y sufragios, conforme a lo señalado por Wikipedia. El Jurado Nacional de Elecciones desestimó dichos recursos y declaró triunfador a Castillo el 19 de julio de 2021; solo en ese momento, Fujimori comunicó que aceptaría el desenlace.

Diversas misiones internacionales de veeduría electoral, tales como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, determinaron que el proceso de votación transcurrió de manera transparente y competitiva, según consigna La Válvula. Tampoco se registraron anomalías que sustentaran la acusación de fraude con la magnitud requerida para alterar el desenlace de la elección.

8. Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (septiembre 2026)

El 16 de septiembre de 2026, ya investida como presidenta, Fujimori designó a Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman junto a Arsenio Oré dentro de una Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, tal como informó La República. Por su parte, Yoshiyama fue señalado por el Ministerio Público como el individuo que, basándose en el testimonio de Jorge Barata, canalizó y encubrió los fondos de Odebrecht destinados a la campaña electoral de 2011; asimismo, Chlimper, quien fungía como secretario general de la organización política en aquel periodo, afrontó pesquisas judiciales por los mismos cargos atribuidos a Fujimori, abarcando organización criminal, lavado de activos, además de falsa declaración y falsedad genérica. Cabe destacar que ambos personajes ejercieron como ministros durante la administración de Alberto Fujimori.

Tras cerrarse el expediente del caso en enero de 2026, ninguno de los tres afronta actualmente acusaciones formales relacionadas con Cócteles; sin embargo, dicha designación ha vuelto a poner sobre la mesa los cuestionamientos en torno al vínculo entre la mandataria y el entorno vinculado al proceso que definió su trayectoria.

9. Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (septiembre 2026)

El 22 de septiembre de 2026, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, Fujimori sostuvo: «derrotamos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo procesados, pese a haberse demostrado que se vulneró el debido proceso», de acuerdo con Infobae. Por su parte, la titular del Poder Judicial, Janet Tello, desaprobó tajantemente tales expresiones, rememorando que magistrados perdieron la vida en el combate contra el terrorismo y que fueron tribunales los encargados de sentenciar a Abimael Guzmán.

Lejos de retroceder, Fujimori respondió que no iba a «callar» sobre «los errores del pasado», según Infobae. El episodio abrió el primer enfrentamiento público entre su gobierno y la cabeza del Poder Judicial.

Apéndice: indagaciones abiertas sin imputación ni fallo

Las siguientes investigaciones siguen abiertas y no han derivado en acusación ni sentencia. Se recogen como recorrido judicial, no como hechos probados. Desde que asumió la presidencia, el artículo 117 de la Constitución limita el avance de las investigaciones en su contra durante el mandato, según Gestión.

Investigación por los aportes de la campaña 2021

El 30 de septiembre de 2025, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dio inicio a una investigación preparatoria que alcanza a Fujimori, Luis Galarreta, Miguel Torres, Lidman Miranda y a la persona jurídica Fuerza Popular. A todos ellos se les atribuye conformar una red criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante fondos recaudados durante la campaña electoral de 2021, conforme a lo informado por RPP. Dicho proceso se fijó en un periodo de 36 meses, mientras que el magistrado Wilson Verástegui dispuso únicamente la medida de comparecencia simple.

Conforme a lo publicado por Infobae, la investigación del Ministerio Público contempla aportaciones ficticias cuya procedencia no ha sido declarada, la utilización de S/1.6 millones de financiamiento público para actividades proselitistas y la suma de S/1,258,708 reunida entre el 9 y el 30 de julio de 2021 con el propósito de cuestionar la victoria de Pedro Castillo. Diversos contribuyentes negaron haber efectuado los donativos que se les endilgan. Hasta el momento, no existe ni acusación ni condena.

Caso Alas Peruanas

Dentro de una indagación paralela al Caso Cócteles, la Fiscalía señala a Fujimori y a su antiguo colaborador Pier Figari como supuestos autores de lavado de activos agravado, utilizando fondos que presuntamente habrían provenido de la Universidad Alas Peruanas y del grupo vinculado a su fundador, Fidel Ramírez, progenitor del exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. Conforme a lo reportado por La República, la hipótesis del Ministerio Público abarca S/210,000 obtenidos durante 2011, S/54,536 transcurridos entre 2014 y 2015, sumado a un par de cesiones inmobiliarias situadas en Lima.

El Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria incluyó a Fuerza Popular como persona jurídica el 30 de abril de 2025, no obstante, Gestión reportó con posterioridad que una sala de apelaciones revocó dicha inclusión y apartó a la organización política de la causa. Los procesos dirigidos contra los implicados particulares continúan vigentes y sin acusación fiscal.

Investigación por enriquecimiento ilícito (2026)

Semanas después del archivo de Cócteles, el 4 de febrero de 2026, trascendió que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima había abierto una investigación por enriquecimiento ilícito contra Fujimori, informó Infobae. La pesquisa se centra en los US$3.6 millones en efectivo que Dionisio Romero le habría entregado entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, y la Fiscalía advierte que sus declaraciones juradas como congresista de 2010 y 2011 casi no cambiaron pese a esos fondos.

A diferencia de la causa archivada, la cual se enfocó en el financiamiento de partidos, esta indagación analiza sus bienes personales. Dicho proceso fue catalogado como complejo y se le otorgó un periodo inicial de ocho meses. Hasta el momento, no existe ninguna imputación.

Fuentes consultadas

Andrés Vargas

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