El proyecto de ley que crea la Autoridad de Clientes Financieros, un nuevo órgano de supervisión con el que el Gobierno quiere unificar los criterios para la resolución extrajudicial de quejas y controversias entre clientes y bancos, afronta esta semana su primer examen en el Congreso con el debate y votar por unanimidad. enmiendas presentadas por Esquerra Republicana (ERC) y Vox, que solicitan su remisión al Ejecutivo.
El debate llega al Congreso después de que los bancos expresaran su disconformidad con la tasa de 250 euros que, según el proyecto, deben pagar las entidades por cada crédito admitido a trámite.
Las enmiendas de devolución de ERC y Vox, que se votarán el próximo jueves, parten de la idea de que el nuevo órgano que prepara el Gobierno no es necesario, bien porque el sistema actual funciona bien bien porque hay otros medios que no implican la creación de una nueva entidad.
En el caso de la formación catalana, entienden que bastaría con hacer obligatorios los sistemas alternativos de resolución de conflictos existentes, como el arbitraje de consumo. Por parte de Vox, creen que el sistema de denuncias extrajudiciales cumple su función «eficaz y eficientemente».
UNA AGENCIA PARA SUPERVISARLAS A TODAS
En concreto, la nueva agencia asumiría las funciones que ahora corresponden a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, esta última dependiente del Ministerio de Economía.
Para financiar este nuevo órgano de control, el Gobierno propone una tasa de 250 euros que tendrán que pagar los bancos si la reclamación de un cliente es admitida a trámite por este organismo.
Este es el punto más discutido por los expertos que han comparecido en los últimos días en el Congreso. En concreto de la entidad bancaria, que alertaba de la posibilidad de que se admitieran a trámite reclamaciones por importe inferior a estos 250 euros y provocar así un aumento de estas reclamaciones por parte de los clientes.
Así lo afirmó el secretario general de la Asociación Española de Bancos (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, quien incluso llegó a decir que la nueva agencia podría ser inconstitucional, tanto por la invasión de competencia en materia judicial como por la tasa de 250 euros.
MIEDO A UNA INDUSTRIA DE PRUEBA
Y es que, a pesar de que el Gobierno cree que con la citada tasa desincentivaría acudir a los tribunales, la patronal bancaria piensa todo lo contrario.
De hecho, Rodríguez Pellitero advirtió del riesgo de que esta tasa provoque un efecto de la llamada «industria de litigios» contra los bancos. Esta «industria» a la que se refiere Pellitero está formada por abogados de clientes que insisten en litigar con los bancos en beneficio propio.
Así, el representante del banco ha explicado que puede tratarse de una campaña articulada de reclamación de un grupo de clientes contra una comisión «perfectamente legal» de una cuantía inferior al tipo, para que el banco en cuestión deba elegir entre pagar esos 80 euros, cuando todo procede, o el pago de 250 euros en costas una vez presentada la denuncia ante la Autoridad.
Sobre este tema también se pronunció el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández De Cos, quien también señaló que esta Autoridad podría provocar un aumento de los conflictos entre los bancos y sus clientes.