La Alianza Sanitaria Privada Española (ASPE) ha anunciado este jueves que presentará una denuncia contra Generali y Sanitas ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) por considerar que el acuerdo de gestión de pacientes y hospitales firmado entre ambas empresas en octubre de 2022 es «ilegal». «. y “anticompetitivo”.
En un comunicado, los jefes del sector privado de salud indicaron que luego de haber intentado «en vano» establecer un diálogo con las dos empresas, a lo que escribieron por escrito el 3 de mayo, presentarán la «solicitud y/o solicitud específica». a la CNMC. . o denuncia» que corresponda a una infracción de las reglas de la competencia.
La ASPE dijo que había pedido «varias veces», tanto a Sanitas como a Generali, información sobre el acuerdo firmado por ambos para conocer y valorar las consecuencias que tendrá en los centros médicos afectados y poder afrontar una posible negociación. .
En concreto, los empresarios privados del sector salud enviaron una carta a las dos empresas el 3 de mayo exigiendo que cesaran en su conducta y respetaran los contratos de prestación de servicios firmados con los hospitales en sus propios términos, y les dieron un plazo sin respuesta hasta ayer, 17 de mayo, antes de la presentación de demandas.
«La falta de respuesta de las dos aseguradoras a todas nuestras demandas y de los hospitales de conocer los detalles del acuerdo reafirma que este acuerdo vulnera potencialmente los derechos de los operadores sanitarios en la aplicación de los preceptos normativos vigentes», ha subrayado el empleador. para quienes “no es aceptable” que sus colaboradores estén obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicando las condiciones económicas pactadas con Sanitas.
A juicio de la ASPE, esta práctica es contraria a la ley, ya que “les impide ejercer sus derechos contractuales y limita su libertad”, en palabras del secretario general de la patronal, Luis Mendicuti.
Desde la ASPE criticaron que las dos aseguradoras acordaran que la gestión de los servicios asistenciales y el pago de los mismos, previamente pactados entre Generali y cada uno de los centros sanitarios privados para la atención de sus 150.000 asegurados en España, fuera gestionado por Sanitas , resolviendo así «unilateralmente» los contratos suscritos.
La ASPE insistió en que, según este acuerdo, en vigor desde el 1 de enero, los centros sanitarios «están obligados» a atender a los pacientes de Generali aplicando las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas a los asegurados de Sanitas asistenciales.
“Entre otras consecuencias, el principal efecto de esta estrategia de tributación unilateral es que permite a Generali reducir en un 20% las tarifas previamente acordadas con los centros cuando estos son absorbidos por los convenios de Sanitas, abusando así de una posición dominante en la negociación, lo que Generali echaría de menos”, explicó la patronal al respecto.
La ASPE y los distintos proveedores de salud solicitaron las condiciones concretas del acuerdo a las dos aseguradoras en diciembre de 2022, pero acusan a las dos compañías de haber «ocultado las condiciones de gestión y comerciales, en una estrategia de silencio que pretende enterrar los detalles de un contrato que afecta las relaciones de servicio que prestan los proveedores de salud a los asegurados de Generali, y que se considera contrario a la buena fe”.
“CONDICIONES IMPUESTAS UNILATERALMENTE”
Asimismo, la patronal ha señalado que a esta «falta de transparencia» se suma una «gran confusión en el mercado», no solo a nivel de la dirección de los centros sanitarios, sino también de los propios pacientes de Generali, que desconocen las consecuencias. del convenio sobre el personal y servicios médicos con los que cuentan actualmente.
“Esta imposición unilateral, realizada también con ocultación del contenido del convenio, limita la libertad de los hospitales y les impide ejercer sus derechos contractuales, ya que les obliga a aplicar una tarifa -la que tenían pactada con Sanitas- que es no lo que se había acordado para los asegurados de Generali”, concluye el dictamen legal mandatado por la ASPE.
La patronal también lamenta que esta actuación de Generali y Sanitas se haya realizado «de forma unilateral y por motivos fiscales», sin tener en cuenta un «necesario consenso» con los centros sanitarios afectados, limitándose a informarles, tanto de Generali como de Sanitas, de que la contrato anterior quedó sin vigencia, siendo sustituido por un nuevo contrato que establece nuevas condiciones no pactadas.
SANITAS: «RESPETA LA LEGALIDAD EN MATERIA DE COMPETENCIA»
En respuesta a la asociación de patronos de la sanidad privada, fuentes de Sanitas defendieron a Europa Press que el acuerdo «se ajusta al derecho de la competencia», y añadieron que tanto los clientes, los principales beneficiarios de este acuerdo, sólo médicos y hospitales».
Del mismo modo, aseguran que Generali y Sanitas «mantienen una oferta diferenciada» pese a las críticas de la ASPE. “Generali continúa comercializando su propia oferta en salud, a través de su red de mediadores como hasta la fecha, y sus clientes se beneficiarán del acceso a los más altos estándares de gestión en salud con Sanitas”, aseguró este último.
Por último, la compañía especifica que se trata de un «contrato de reaseguro» de prestación de servicios por el que los 150.000 asegurados de Generali «ahora se benefician de los servicios médicos que presta Sanitas con médicos y hospitales propios y su expediente médico ampliado». “Se ha ampliado en un 43,4% el cuadro médico puesto a disposición de los clientes de Generali”, señalan.