(CNN Español) — Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Nicaragua concluyó que el gobierno de Daniel Ortega está cometiendo «violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles por motivos políticos».
En un comunicado difundido el jueves, el grupo señaló que estos presuntos abusos incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el país. Por el momento, no ha habido ninguna reacción del gobierno de Nicaragua a este informe presentado en Ginebra. CNN busca una respuesta del gobierno a través del Consejo de Comunicaciones y Soberanía.
Según expertos de la ONU, su investigación identificó una serie de “ejecuciones extrajudiciales” presuntamente perpetradas por policías nacionales y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron durante las protestas entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018.
Asimismo, indicaron que tanto ellos como las autoridades del sistema penitenciario habrían cometido torturas físicas y psicológicas, incluyendo violencia sexual y de género, durante los procedimientos de detención e interrogatorio de opositores. Al respecto, señalaron que el gobierno utiliza las detenciones arbitrarias para silenciar las voces críticas.
El informe cuenta al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil que han sido cerradas desde diciembre de 2018 y «prácticamente» todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.
En declaraciones ante el Consejo desde Ginebra, Jan Simon, jefe del grupo de expertos, señaló que escribieron «doce» veces al gobierno de Nicaragua para solicitar información oficial pero que no recibieron respuesta y que no se les permitió entrar al país. , por lo que la información se recopiló el año pasado a partir de documentos, legislación y casi 300 entrevistas a exautoridades, víctimas y miembros de organizaciones civiles, entre otros. La misión se realizó cerca del territorio y otras localidades donde residen los nicaragüenses.
En el informe, pide al gobierno liberar “de inmediato” a quienes están detenidos arbitrariamente y dar fin a las violaciones, abusos y delitos sobre todo por motivaciones políticas, además de que se realicen investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes para traer a los responsables ante la justicia.
Finalmente, hizo un llamado a la comunidad internacional para emprender acciones legales contra los responsables y extender las sanciones a las instituciones y personas que presuntamente participaron en violaciones y crímenes del derecho internacional.
Este grupo se estableció en marzo de 2022 y es un organismo independiente bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su objetivo es investigar todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
En ese momento comenzaron las demandas contra las reformas al sistema de seguridad social y terminaron con protestas contra el gobierno de Ortega. Para el presidente, fue un intento de golpe de Estado.