La condena de David Sánchez ha desencadenado un nuevo episodio político y jurídico que va más allá de la mera responsabilidad penal del hermano del presidente del Gobierno, y ahora la cuestión no se centra solo en quien resultó condenado, sino también en la Diputación Provincial de Badajoz, la institución que durante años le pagó esos salarios.
Al frente de esa institución se halla actualmente Raquel del Puerto Carrasco, presidenta de la Diputación y dirigente del PSOE, quien, hasta ahora, no ha comunicado ninguna medida orientada a exigir la devolución de los más de 340.000 euros pagados a David Sánchez, a pesar de que diversas voces del ámbito jurídico sostienen que es obligación velar por la protección del patrimonio público.
La Audiencia Provincial condenó a David Sánchez a una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación. Sin embargo, la sentencia no acordó la restitución de las cantidades percibidas porque esa reclamación nunca fue ejercitada por la propia Diputación durante el procedimiento penal, circunstancia que ha generado un intenso debate jurídico y político.
La falta de intervención institucional se ha convertido en el foco de las críticas actuales, y cuando una administración estima que su patrimonio podría haberse visto afectado por una contratación declarada ilícita, numerosos expertos en derecho consideran lógico que examine todas las alternativas disponibles para intentar recuperar los fondos públicos.
Una entidad que se mantiene en silencio
Lo llamativo no es únicamente la falta de una reclamación, sino el absoluto silencio institucional.
Desde que trascendió la condena, la Diputación encabezada por Raquel del Puerto no ha aclarado públicamente si tiene previsto emprender acciones para recuperar el dinero ni ha especificado cómo afrontará las próximas iniciativas judiciales.
Ese silencio adquiere una relevancia particular, ya que la contratación que dio lugar a la condena se llevó a cabo justamente durante los gobiernos socialistas de la Diputación, en la etapa en la que Miguel Ángel Gallardo presidía la institución, quien igualmente está procesado en el mismo procedimiento.
La falta de aclaraciones aviva las críticas de quienes sostienen que una administración está obligada a proteger el patrimonio de todos los ciudadanos sin importar el partido político involucrado.
El Tribunal de Cuentas asume un papel central
Ante la inacción de la Diputación, será otra instancia la que intente esclarecer ahora si hay o no responsabilidad contable.
Iustitia Europa comunicó una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para que evalúe la posible restitución de los más de 340.000 euros que recibió David Sánchez durante su paso por la Diputación de Badajoz, argumentando que, si hubo un perjuicio económico para la administración, es preciso salvaguardar los recursos públicos.
Será el Tribunal de Cuentas el que deba determinar si se cumplen las condiciones legales para reclamar un posible reintegro.
Transparencia y responsabilidad
Más allá del trayecto judicial que eventualmente enfrente esta iniciativa, subsiste un trasfondo político que resulta complicado pasar por alto.
Miles de extremeños afrontan una elevada presión fiscal mientras las administraciones reclaman constantes esfuerzos económicos a familias y empresas. En ese contexto, resulta comprensible que muchos ciudadanos esperen que cualquier euro público cuyo pago haya quedado cuestionado judicialmente sea objeto, al menos, de un intento serio de recuperación cuando el ordenamiento jurídico lo permita.
Por ello, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto Carrasco, debería explicar públicamente cuál es la posición oficial de la institución: si considera que el dinero público debe reclamarse, si entiende que no existen bases legales para hacerlo o si, simplemente, optará por no ejercer ninguna acción.
Porque la transparencia institucional no consiste únicamente en gestionar los recursos públicos, sino también en rendir cuentas cuando esos recursos se encuentran bajo sospecha.
Mientras esas explicaciones no lleguen, el silencio seguirá ocupando el lugar que debería corresponder a la responsabilidad política.