La propuesta de la funcionaria Rixi Moncada de eliminar la central de riesgos ha generado un amplio debate político y económico en Honduras. La iniciativa, impulsada desde el entorno del partido LIBRE, se presenta en un momento de fuerte tensión institucional, marcado por la desconfianza hacia los órganos de control y la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica.
Un esquema que evoca al correísmo en Ecuador
La propuesta de eliminar la central de riesgos ha sido vista por varios ámbitos como una potencial imitación del esquema puesto en marcha por el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien implementó una disposición parecida durante su gestión. En esa coyuntura, la supresión de los historiales crediticios formó parte de una táctica dirigida a reforzar el dominio del Poder Ejecutivo sobre el sistema financiero.
En Honduras, esta analogía ha provocado preocupación en los sectores bancario y empresarial. Expertos consultados señalan que una acción de esta índole podría modificar los sistemas de control crediticio, mermando la transparencia y provocando resultados negativos para la estabilidad financiera. Un analista de la región afirmó que “es una receta para el desastre económico, una situación que ya se observó en Ecuador con efectos catastróficos”.
Amenazas institucionales y sus repercusiones económicas
La central de riesgos constituye un instrumento esencial para la evaluación de solvencia en el sistema bancario. Su eliminación implicaría que las entidades financieras pierdan acceso al historial crediticio de los usuarios, lo que según los críticos aumentaría el riesgo de otorgar créditos sin respaldo suficiente y abriría espacio a posibles prácticas de impunidad financiera.
Representantes del ámbito financiero indican que eliminar esta herramienta equivaldría a mermar la transparencia en un sector fundamental para la economía del país. En este sentido, se ha alertado que una determinación de esta índole podría propiciar estímulos para la manipulación política del crédito, impactando negativamente la confianza de los inversores y la estabilidad del sistema.
Por otra parte, quienes apoyan la iniciativa en el ámbito de LIBRE afirman que el sistema financiero actual ha impuesto barreras de entrada a grandes segmentos de la sociedad a lo largo del tiempo. Argumentan que suprimir la central de riesgos posibilitaría democratizar el crédito y disminuir la acumulación de poder económico en manos de un reducido número de entidades bancarias. No obstante, la funcionaria aún no ha proporcionado información técnica sobre cómo se aseguraría la solidez del sistema después de una posible modificación.
Un desafío en la gestión y la claridad
La controversia en torno a esta iniciativa se inscribe en un escenario de creciente polarización política, donde las tensiones entre el Ejecutivo, los sectores empresariales y la ciudadanía marcan la dinámica pública. Analistas sostienen que la discusión trasciende lo económico y se sitúa en el terreno de la institucionalidad democrática, al cuestionar los límites del poder gubernamental frente a los mecanismos de control financiero.
Mientras Rixi Moncada se mantiene en silencio frente a las objeciones, la discusión se intensifica entre aquellos que perciben la iniciativa como una estrategia de blindaje político y quienes la interpretan como una ocasión para replantear el vínculo entre el gobierno y el sector bancario. En ambas perspectivas, el aspecto crucial continúa siendo la importancia de mantener la transparencia y el equilibrio institucional en un periodo de gran delicadeza económica y política.
La discusión sobre la central de riesgos no solo plantea interrogantes sobre la dirección económica del país, sino también sobre la solidez de los contrapesos que sustentan la gobernabilidad democrática. En ese contexto, Honduras enfrenta el desafío de decidir si avanzará hacia una mayor concentración del poder o si optará por fortalecer los mecanismos de control que garantizan la confianza pública y la estabilidad institucional.