Un tribunal de Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados la obligación de abonar más de 6,1 millones de dólares a la empresa del consultor político venezolano Juan José Rendón, derivado de un litigio por incumplimiento de contrato. En abril de 2019, una jueza decretó asimismo su arresto por desacato civil, tras su incomparecencia ante la corte.
La disputa legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, popularmente llamado JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo profesional ligado a los proyectos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
En febrero de 2016, Arzú inició conversaciones con Rendón y su firma de consultoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, para desarrollar una estrategia que impulsara su imagen de cara a una eventual candidatura presidencial.
La relación terminó en una disputa por el cumplimiento de los compromisos económicos acordados y posteriormente llegó a los tribunales de Estados Unidos.
El pacto político que derivó en un pleito multimillonario
De acuerdo con los documentos del proceso judicial, el acuerdo contemplaba servicios de asesoría estratégica y posicionamiento político.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity interpuso una demanda contra Roberto Arzú ante una corte del condado de Miami-Dade, Florida, debido a un incumplimiento de contrato.
La compañía exigía el abono de las obligaciones financieras originadas por el vínculo comercial entre ambos lados.
Según registros dados a conocer por los medios de comunicación guatemaltecos, el convenio inicial contemplaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de pagos posteriores hasta alcanzar una cifra cercana a los 5,2 millones de dólares a lo largo del año siguiente.
La relación entre el político y el asesor se deterioró a medida que avanzaron las diferencias sobre los pagos y los servicios contratados.
El 11 de octubre de 2018, el tribunal dictó una sentencia que estableció una obligación de pago de US5,5millones,másUS660.594,22 en intereses acumulados, para un total de US$6.160.594,22.
La resolución judicial también contemplaba la acumulación de intereses legales posteriores a la sentencia.
El pleito se transformó de este modo en una de las disputas mercantiles y legales de mayor trascendencia ventiladas ante la opinión pública a lo largo de la primera carrera presidencial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia al exigir la corte norteamericana la presencia de Arzú para cumplir trámites vinculados con el acatamiento del fallo.
En el transcurso del mes de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el procedimiento civil.
Conforme a los registros judiciales, Arzú faltó a la citación del pasado 17 de abril, desatendiendo de este modo un mandato girado con antelación el día 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, emitió una orden de detención contra Roberto Arzú por desacato civil, ejecutable si era localizado dentro del estado de Florida.
La resolución estipulaba que, si se producía una detención, el individuo tenía que ser puesto a disposición de un magistrado en un plazo máximo de 24 horas con el fin de seguir el trámite pertinente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a rendir una declaración con el fin de agilizar el cumplimiento del fallo.
Conviene señalar que dicho mandato surgió en el marco de un litigio civil derivado de un incumplimiento de contrato, y de ningún modo representaba una sanción penal por la comisión de un ilícito.
El expediente judicial se hizo público en abril de 2019, momento en el que Arzú desarrollaba su campaña para la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse el fallo judicial, Roberto Arzú desmintió públicamente los señalamientos y afirmó que el diferendo obedecía a móviles políticos.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le habían notificado la citación para presentarse ante la corte de Miami, al tiempo que recalcó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón aseveró que había un acuerdo contractual de por medio y que Arzú no había cumplido con los pagos pactados.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La polémica también abarcó diálogos confidenciales que más adelante salieron a la luz a través de distintos medios de comunicación.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas por Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban arreglos financieros vinculados al pacto de consultoría electoral.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de los documentos del pleito, los dos conservaban al principio un trato amistoso.
Sin embargo, los mensajes mostraban un deterioro progresivo del vínculo comercial ante las dificultades para concretar los pagos reclamados.
Las comunicaciones también reflejaban que Arzú buscaba mantener la relación con el consultor mientras intentaba resolver los desacuerdos económicos.
La divulgación de estas conversaciones aportó nuevos matices al escándalo, sobre todo debido a que el aspirante había defendido de manera pública la inexistencia de un acuerdo formal de servicios.
Una batalla legal que impactó en su debut como candidato presidencial
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la luz pública durante la contienda electoral presidencial de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), que integraba la coalición electoral con Podemos, mantuvo su respaldo al candidato y destacó que el litigio correspondía a un procedimiento civil.
La controversia sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano respecto al trasfondo del pacto, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
En los archivos judiciales de Florida quedaron asentados tanto un fallo civil como una consiguiente orden de arresto por incumplimiento. A pesar de esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por sí mismos el desenlace de la deuda o de los compromisos financieros.
El episodio constituye uno de los principales antecedentes judiciales internacionales de Roberto Arzú y forma parte de las controversias que acompañaron su incursión en la política presidencial guatemalteca.
Orígenes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Réplica de Roberto Arzú sobre el procedimiento en Miami
Prensa Libre — Comunicaciones compartidas por Roberto Arzú y JJ Rendón