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Las mascarillas quirúrgicas mantendrán un 4% de IVA durante el primer semestre de 2023 por su obligatoriedad en el transporte público y otros ámbitos, mientras que las pruebas diagnósticas y vacunas seguirán al 0%.
Estas medidas se incluían en el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros este martes para dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y apoyar la reconstrucción de la isla de La Palma y otras situaciones de vulnerabilidad, que incluye diversas medidas fiscales y ventajas fiscales.
Los medios de prevención y diagnóstico de la Covid-19 continuarán así con una tributación excepcional mientras se mantengan las políticas de protección de la población y de lucha contra el virus, según ha informado el Ministerio de Hacienda en nota de prensa.
Uno de los artículos clave son las mascarillas quirúrgicas, cuyas entregas, importaciones y adquisiciones seguirán gravadas con el 4% de IVA, como viene ocurriendo desde 2020, durante el primer semestre de 2023.
Además, dado que continuarán las campañas de vacunación y que el Covid-19 sigue provocando contagios, este real decreto-ley prevé que las vacunas y las pruebas diagnósticas mantengan una tasa del 0%.
“Un conjunto de decisiones para seguir frenando el virus que acumulan varias prórrogas, y que estarán en vigor hasta el 30 de junio de 2023”, defendió el Departamento que dirige María Jesús Montero.
DEDUCCIÓN DE MATERNIDAD
Por su parte, el Real Decreto-ley también incorpora una modificación legislativa para aclarar el derecho a seguir beneficiándose de la deducción por maternidad del IRPF a partir del 1 de enero de 2023, aunque uno de los progenitores tuviera derecho al complemento de pensión alimenticia respecto del mismo descendiente.
De esta forma, el reciente cambio normativo realizado en esta materia evita perjudicar a las familias que hasta ahora se han beneficiado de esta ayuda.
APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES
Los daños personales causados por los incendios forestales del pasado verano en hasta 15 comunidades autónomas, que han sido declaradas «zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil», serán apoyados por diversas medidas fiscales.
Estos son Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y La La Rioja.
Esto se ejecutará mediante la aprobación de beneficios fiscales, como la exención de cánones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), la exención de tasas de gestión del Centro Autonómico de Tráfico y la exención de ayudas al IRPF .
A ello se suma la reducción de los índices de rentabilidad neta de las explotaciones y actividades agrícolas en las que se han producido daños como consecuencia directa de los citados incendios. Una medida que debería ser autorizada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras los preceptivos informes presentados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.