El Gobierno aumentará la plantilla de la Inspección de Trabajo hasta los 2.332, cifra récord, pero la mitad de lo solicitado
El Gobierno espera que el número de inspectores y auxiliares inspectores del trabajo llegue a un total de 2.332 este año, una vez que se hayan incorporado unos 133 funcionarios que se encuentran culminando los procesos de selección y capacitación correspondientes.
Pese a suponer una «cifra récord en España», según apunta el Gobierno en una respuesta escrita en el Congreso a una pregunta de Ciudadanos a la que ha tenido acceso Europa Press, todavía se queda a 2.168 funcionarios del mínimo exigido desde el cuerpo de trabajadores laboral.
En otra respuesta registrada en el Congreso, esta vez a una pregunta de Vox, el Gobierno recuerda que en 2022 se aprobó una oferta pública de empleo con 181 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (146 de libre acceso; 36 de promoción interna); 146 otros puestos para el Cuerpo de Subinspectores (126 de libre acceso; 20 de promoción interna); y 128 plazas de Subinspectores del Cuerpo de Trabajo, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Además, el ejecutivo destaca las partidas presupuestarias asignadas a la organización, que en los últimos tres años han aumentado un 41,5%, pasando de 145,8 a 206,3 millones de euros.
«NO HAY ABSOLUTAMENTE NADA NUEVO»
Sin embargo, el responsable de acción sindical en la Administración general del Estado en CCOO y también inspector de trabajo, Josetxo Gándara, explica a Europa Press que estas cifras forman parte de los acuerdos suscritos por el Gobierno y no obedecen a un “ extraordinario” plan de choque.
“No hay absolutamente nada nuevo”, dice Gándara, quien señala que el personal actual de inspección del trabajo es propio de un país en vías de desarrollo, si se siguen las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
INVERSIÓN DE 10 MILLONES EN LA MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
En sus respuestas parlamentarias, el Gobierno también indica que invertirá 10 millones de euros en la modernización tecnológica del organismo, con el objetivo de aumentar la eficiencia de la actividad inspectora y reforzar la lucha contra el fraude.
Además, en su respuesta parlamentaria, el Gobierno también destaca la creación de una Unidad de Apoyo a las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y la Planificación, encargada de liderar este proceso de modernización.
Aunque Gándara saluda esta inversión, también aclara que es para reemplazar la primera capa del sistema, principalmente para dotar a la organización de nuevos terminales o portátiles.
Así, denuncia que la salida del Gobierno no soluciona el principal problema de los medios tecnológicos, que tienen que ver con los servidores y también con la aplicación informática Integra, que constituyen la columna vertebral informática de la organización.
El dirigente gremial explica que el programa Integra es una de las principales herramientas para los inspectores, ya que les permite acceder a toda la información necesaria sobre una empresa específica, como el número de trabajadores u otros documentos relacionados con la información tributaria.
“La mitad de las veces no funciona”, denuncia Gándara sobre esta herramienta, que ya ha sido objeto de quejas de los trabajadores por sobrecargas y mal funcionamiento.
Según recuerda, la Inspección de Trabajo dependió del Ministerio de Trabajo hasta 2018, cuando pasó a ser un organismo autónomo. Con este cambio, según Gándara, la Inspección de Trabajo dejó de recibir ciertos servicios transversales, en particular servicios informáticos, que antes prestaba el ministerio y aún no se han recuperado.
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