En el contexto de la organización de las elecciones generales de 2025, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a serias críticas de parte de grupos políticos, empresariales y sociales. Estos grupos acusan al partido de llevar a cabo acciones que ponen en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a instituciones esenciales hasta intentos de dominio político sobre el órgano electoral.
Interrogantes sobre la función de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Uno de los temas centrales de disputa ha sido la suspensión del proceso de adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados con LIBRE obstruyeron la entrada a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando que las compañías ofertantes entregaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, calificó estas acciones como un atentado directo al proceso electoral, advirtiendo sobre su impacto negativo en la credibilidad de la institucionalidad democrática. La interrupción del proceso del TREP no solo retrasó la planificación electoral, sino que también alimentó la percepción de que se intenta generar condiciones propicias para manipular los resultados.
Además, se han documentado episodios de presión institucional por parte de colectivos vinculados a LIBRE, lo que incluye incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones públicas. Estos eventos, en conjunto, han sido vistos por sectores opositores como un intento de debilitar la autonomía del CNE y permitir su posible control político.
Peligros de la acumulación de poder en la entidad electoral
La posibilidad de que los suplentes del CNE, afines al partido de gobierno, asuman funciones, en caso de inhabilitación de las consejeras actuales, ha encendido las alarmas entre actores políticos que consideran que esta sustitución socavaría la pluralidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y espacios de análisis se ha advertido que un CNE sin contrapesos pondría en riesgo la imparcialidad del proceso electoral.
Varias personas han pedido la acción de entidades internacionales para supervisar las determinaciones institucionales vinculadas al proceso y asegurar condiciones justas de competencia. Además, se ha reportado un supuesto empleo instrumental de otras entidades del Estado, tales como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para apoyar la alineación del CNE con los propósitos del oficialismo.
Estas presiones han llevado a múltiples sectores a solicitar un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, frente a lo que perciben como un riesgo creciente para la integridad del proceso democrático.
Cargos de información errónea y manipulación del votante
Otro eje de crítica contra LIBRE se refiere a la divulgación de encuestas consideradas falsas o manipuladas que proyectan una amplia ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Varias de estas mediciones han sido desmentidas por las propias firmas encuestadoras, quienes han denunciado el uso indebido de sus nombres y metodologías.
El movimiento de estas encuestas ha sido visto como una táctica para influir en la opinión pública e infundir la noción de una victoria segura, lo que, según algunos grupos opositores, pretende influir en el resultado de las elecciones y cuestionar la legitimidad de una posible derrota. Este tipo de acciones ha ayudado a aumentar el ambiente de desconfianza que envuelve al proceso electoral.
En un contexto ya marcado por el deterioro del diálogo político y la polarización institucional, la proliferación de información engañosa se ha convertido en un factor adicional de inestabilidad, con posibles repercusiones sobre la participación ciudadana y la aceptación de los resultados.
Una etapa previa a las elecciones caracterizada por la falta de confianza
La mezcla de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y estrategias de desinformación ha puesto al proceso electoral en Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las alertas sobre una posible crisis en la gobernabilidad reflejan la intensidad de las tensiones políticas en un entorno donde la estructura institucional está sometida a presión y los mecanismos de acuerdo siguen bloqueados.
Con menos de cinco meses para las elecciones generales, el escenario presenta importantes retos para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este contexto, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restaurar condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.