En Honduras, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha generado controversia tras consolidar un proyecto personal: llevar el fútbol profesional a su ciudad natal, La Paz. Este equipo, el Policía Nacional Fútbol Club, surgió en 2023, meses después de la designación de Sánchez como ministro, y actualmente compite en la primera división del fútbol hondureño. Sin embargo, el surgimiento y financiamiento del club han levantado serias dudas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
El equipo, fundado bajo la Asociación Civil de Beneficio Mutuo Club Social de la Policía Nacional, combina el apoyo financiero de oficiales y agentes de la Policía Nacional con contratos millonarios adjudicados a empresas vinculadas al arrendamiento de vehículos. Entre 2024 y 2025, cuatro empresas – Econo Rent a Car, Arrendadora de Vehículos, Inversiones Globales, y Latin American Armored Rentals – firmaron contratos con la Secretaría de Seguridad por más de 2,600 millones de lempiras (cerca de 98 millones de dólares). Estas mismas empresas, previamente descalificadas en procesos de licitación en 2022, se convirtieron en patrocinadoras clave del club de fútbol.
Para integrarse a la Liga Nacional, el Policía Nacional Fútbol Club se fusionó con el Club Deportivo Génesis, que ya estaba registrado en primera división. Tras esta alianza, Sánchez asumió como presidente de la junta directiva, combinando su cargo ministerial con la gestión del equipo. Entre los ingresos adicionales del club se encuentran los derechos televisivos, aportes económicos de la alcaldía de La Paz y taquillas de los partidos, que en su temporada inaugural recaudaron más de 1.6 millones de lempiras.
No obstante, la opacidad en la administración de los fondos del club plantea fuertes cuestionamientos. Al ser gestionado por una asociación privada ligada a la Policía Nacional, sus estados financieros no están disponibles al público. Además, agentes de menor rango reportaron sentirse presionados para contribuir económicamente al Club Social de la Policía, lo que ha generado tensiones internas.
La relación que mantiene el equipo con su patrocinio estatal también ha suscitado cuestionamientos, ya que algunos observadores advierten que la financiación del club podría vincularse a un posible favoritismo en la adjudicación de contratos por parte de la Secretaría de Seguridad, reavivando antiguas dudas sobre manejos irregulares de los recursos públicos.
A pesar de las incertidumbres, la llegada del Policía Nacional Fútbol Club parece haber insuflado nueva vida al municipio de La Paz, pues su estadio Roberto Suazo Córdova fue modernizado y ahora convoca encuentros de alto nivel junto con aficionados de múltiples regiones, aunque el dinamismo económico y social que genera el equipo aún contrasta con las dudas que permanecen acerca de la viabilidad futura del proyecto.
Mientras Gustavo Sánchez asegura que el desarrollo del fútbol profesional en su ciudad responde a un deseo personal y no a una política de la Secretaría de Seguridad, críticos advierten que el proyecto refleja posibles conflictos de interés que podrían tener amplias implicaciones en el manejo de los recursos públicos.
Procedencia: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2025/10/22/el-negocio-detras-del-sueno-futbolero-del-ministro-de-seguridad-de-honduras/])
