El testigo en el juicio contra Genaro García Luna admite que no lo conoce, que no le pagó dinero y que no vio a nadie del Cártel de Sinaloa hacerlo.

(CNN Español) — Durante una nueva audiencia del juicio que enfrenta en Nueva York Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, la defensa tuvo la oportunidad de contrainterrogar este jueves a Harold Mauricio Poveda Ortega, alias «El Conejo», un exnarcotraficante colombiano que Este miércoles dijo que trabajó para el Cártel de Sinaloa entre 2000 y 2009, muy cerca de Arturo Beltrán Leyva.

En respuesta a las preguntas de uno de los abogados de García Luna, Poveda dijo que nunca le dio dinero al exfuncionario, ni estuvo presente cuando otra persona mintió habría pagado. Su testimonio ante el Fiscal del Distrito Este de Nueva York, reconoció el testigo, se basó en su experiencia con el cártel y declaraciones de otros miembros.

Además, Poveda agregó que no conocía a García Luna en persona y solo lo había visto por televisión. «Nunca te sentaste al lado de este hombre, ¿verdad?» preguntó el abogado defensor César de Castro, señalando a García Luna. «Nunca», respondió «El Conejo».

Durante la audiencia del miércoles, el testigo dijo que su papel en el cártel era asegurar los envíos de cocaína de Colombia a México, para luego ser contrabandeada a Estados Unidos. Fue detenido el 4 de noviembre de 2010. En 2012 fue extraditado a Estados Unidos y en 2018 se declaró culpable en los tribunales de ese país por tráfico de más de un millón de kilos de cocaína. Hoy, está en libertad bajo fianza en espera de sentencia.

En el juicio que se desarrolla en la corte del Distrito Este de Nueva York, García Luna enfrenta varios cargos de participación en una empresa criminal en curso y otros de conspiración para obtener, importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína en los Estados Unidos, además de presuntamente hacer declaraciones falsas a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. El exfuncionario se declaró inocente de todos los cargos. Su defensa se centró en el contrainterrogatorio de los testigos de cargo en su credibilidad y conflictos de intereses, dado su pasado delictivo y sus acuerdos con las autoridades que les darían la posibilidad de obtener sentencias más indulgentes.