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El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Justicia, el proyecto de ley de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
Según ha explicado el Gobierno, el principal objetivo es adaptarse al marco legal del resto de países europeos en lo que se refiere a transformaciones transfronterizas, fusiones y escisiones empresariales. Así, con esta nueva norma se pretende mejorar la transparencia de este tipo de procedimientos, al tiempo que se busca brindar garantía, seguridad y protección a los acreedores y trabajadores ante el inicio del procedimiento.
El proyecto también facilita y simplifica el trabajo jurídico a la hora de analizar operaciones de modificación estructural de sociedades mercantiles en operaciones internas europeas y extraeuropeas, teniendo en cuenta los intereses de “todas las partes interesadas”.
LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO
La transposición de esta directiva está alineada con la libertad de establecimiento de sociedades y sociedades, y constituye uno de los principios fundamentales del derecho europeo. Además, incluye tanto la creación y gestión de empresas en las condiciones que fije la legislación del Estado miembro correspondiente, como su movilidad intraeuropea.
Tal y como prevé el nuevo reglamento, esta movilidad dentro del bloque comunitario “debe ser fomentada” para mejorar el funcionamiento del mercado interior, en el contexto de la creciente internacionalización de los operadores económicos.
Para cumplir con el estándar, se ha integrado todo el régimen de cambios estructurales, internos y transfronterizos en un único marco normativo, extendiendo el régimen de operaciones intraeuropeas, en la medida de lo posible, a las operaciones internas para evitar asimetrías y diferencias. , lo que en su caso podría favorecer un riesgo de buscar un tribunal de conveniencia en un espacio interno y transfronterizo.