El caso Lezo, centrado en una trama de corrupción vinculada al Canal de Isabel II, continúa generando tensiones entre Madrid y Colombia por el control de la empresa Triple A de Barranquilla, una de las principales filiales americanas de la empresa pública de aguas madrileña. La Triple A fue expropiada en 2022 por el Gobierno colombiano bajo acusaciones de presuntas irregularidades financieras. Desde entonces, ambas partes mantienen un enfrentamiento legal en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Las autoridades colombianas argumentan que el Canal de Isabel II cobraba elevados montos mensuales por servicios de asesoría técnica que nunca se prestaron. Según un informe judicial, dicha práctica habría generado pagos millonarios por contratos ficticios durante años. Por su parte, la Comunidad de Madrid busca esclarecer si los cargos investigados en el caso Lezo en España incluyen posibles delitos ocurridos en la operación de la Triple A, tales como el presunto uso irregular de fondos públicos en la compra de la empresa.
En este contexto, el Canal de Isabel II solicitó un informe jurídico valorado en 36,300 euros con la finalidad de fortalecer su posición dentro del arbitraje, un documento destinado a esclarecer si se vulneraron normas del derecho español o colombiano y a determinar si las partes colombianas supuestamente afectadas están legitimadas para intervenir como perjudicadas en el proceso penal que se desarrolla en España.
Conversaciones filtradas como parte de la investigación del caso Lezo han reforzado las sospechas. En una grabación de 2016, Edmundo Rodríguez Sobrino, entonces presidente de Inassa, confirmó que el Canal cobraba de manera sistemática por asesorías que jamás se ofrecieron a sus filiales en América Latina. La conversación también revela cómo parte de esos fondos presuntamente habría sido desviada para beneficiar a accionistas y reducir impuestos.
La decisión de expropiar las acciones de la empresa española en la Triple A se tomó basándose en una ley antinarco implementada en Colombia. Madrid, por su parte, ha defendido la existencia de las asesorías mediante informes presentados ante las autoridades. Sin embargo, el conflicto revela no solo los problemas de gobernanza en la gestión internacional del Canal de Isabel II, sino también las pérdidas multimillonarias derivadas de su fallida expansión hacia América Latina.
Un reciente informe de la Cámara de Cuentas de Madrid ha instado al Canal a acelerar la venta de sus operaciones internacionales y reconducir su estrategia empresarial. Este fracaso en la expansión internacional se une a las investigaciones judiciales en curso, que han implicado a importantes figuras políticas madrileñas, como el expresidente Ignacio González, quien lideró la región entre 2012 y 2015.
El caso Lezo no solo cuestiona cómo el Canal de Isabel II administra los recursos públicos, sino que además agudiza la presión diplomática entre España y Colombia, que intentan zanjar la disputa por la Triple A mediante resoluciones judiciales y laudos arbitrales.