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A menos de dos meses para las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, expertos en cuestiones electorales han lanzado alertas sobre posibles estratagemas provenientes del Consejo Nacional Electoral (CNE), las cuales podrían beneficiar a la aspirante oficialista Rixi Moncada. De acuerdo con los especialistas, miembros del partido en el poder LIBRE, junto con personal del CNE, tendrían la posibilidad de intervenir en sistemas críticos como el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), modificando el desenlace del voto.
Redes de influencia en el proceso electoral
El riesgo de manipulación no se limita al CNE. Diversos expertos señalan la participación de empresas tecnológicas vinculadas a la implementación de sistemas electorales, así como la posible implicación de ciertos grupos económicos, en una estructura orientada a garantizar resultados predeterminados. A este panorama se suma la exclusión sistemática de partidos emergentes y la judicialización de candidatos disidentes, estrategias que podrían limitar la competencia efectiva y centralizar el control sobre el electorado.
Los incidentes registrados durante las elecciones primarias de marzo, en las que la distribución de material electoral estuvo a cargo de funcionarios con vínculos a LIBRE, evidenciaron problemas logísticos y retrasos significativos. Estas fallas generaron desconfianza entre la ciudadanía y elevaron la preocupación sobre la transparencia de los próximos comicios.
Consecuencias para la validez organizacional
Los expertos advierten que la narrativa sobre fraude electoral puede ser utilizada como un recurso político para desacreditar resultados adversos o justificar movilizaciones callejeras, lo que incrementaría la polarización social y política antes de los comicios. La vigilancia ciudadana y la exigencia de reformas al sistema electoral se presentan como medidas fundamentales para evitar que el país repita ciclos de controversia y conflictos institucionales.
El papel del CNE en la administración de sistemas críticos como el TREP, junto con la intervención de actores políticos y económicos, plantea un escenario en el que la percepción de transparencia será determinante para la confianza en las instituciones democráticas. La credibilidad del proceso electoral, señalan los especialistas, depende en gran medida de que los controles y auditorías funcionen de manera independiente y verificable.
Vigilancia y participación ciudadana
Frente a esta situación, la sociedad civil y los partidos políticos tienen un rol central en supervisar el cumplimiento de la legalidad y la integridad del proceso. La articulación de mecanismos de observación y la atención a los movimientos judiciales relacionados con candidaturas disidentes se consideran pasos clave para garantizar elecciones libres y justas.
La situación política en Honduras está caracterizada por tensiones debido a la interacción entre actores influyentes, nuevos partidos políticos y las estructuras electorales existentes. La posibilidad de que la nación conserve la estabilidad democrática dependerá de cuán eficaces sean los controles institucionales y de la participación activa de la población en la vigilancia del proceso electoral.
