El secretario general de la Asociación Española de Bancos (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, ha advertido de la posibilidad de que la nueva Autoridad de Clientes Financieros sea inconstitucional, tanto por la invasión de competencia en materia judicial como por la tasa de 250 euros que los bancos tendría que pagar cada vez que se acepta el procesamiento de una queja de un cliente.
Rodríguez Pellitero compareció ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, precisamente para posicionarse en torno al proyecto de ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente para la Defensa de los Clientes Financieros, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario.
Sin embargo, indicó que la agencia podría ser inconstitucional por dos motivos. El primero se debe a la violación del artículo 117 de la Constitución, referido a la exclusividad e integridad de la función jurisdiccional.
El dirigente de la AEB cree que con esta autoridad existe «un riesgo» de vulneración al atribuir a esta entidad competencias «tan intensas en el ámbito judicial». “Este límite se puede traspasar”, advirtió el secretario general de la AEB. En efecto, en el proyecto de ley faltaba un informe del Consejo General del Poder Judicial para pronunciarse sobre el ámbito de actuación del nuevo órgano.
LOS COSTOS DE LA RECLAMACIÓN NO TIENEN SENTIDO
Por otro lado, el representante del banco decidió la tasa de 250 euros que tendrán que pagar los bancos por cada reclamación de cliente admitida. Para el secretario de la AEB, esto «no tiene sentido» y además puede llegar a ser inconstitucional.
Según él, esto podría generar un efecto perverso adicional causado por la «industria de litigios» contra los bancos. Esta industria de litigios a la que se refiere Pellitero está compuesta por abogados clientes que insisten en litigar con los bancos por su propio interés.
En este sentido, el secretario de la patronal indicó que en el caso de que un grupo de clientes articule una campaña de reclamación contra una comisión de mantenimiento de una entidad de, por ejemplo, 80 euros, y que sea «perfectamente lícita», la entidad no estará interesada en defender cada caso, ya que eso equivaldría a pagar 250 euros por cada caso.
Esto, explicó Pellitero, implica una situación de «imposibilidad de racionalidad económica» para poder defender su posición, lo que explica la posible inconstitucionalidad de la tasa.
RIESGO DE MAYOR ÉXITO DE RECLAMACIONES
El objetivo principal de este nuevo organismo es resolver amigablemente las disputas entre las instituciones financieras y sus clientes. Sin embargo, Pellitero observa que lejos de conseguir este objetivo, podría correr el riesgo de entorpecer las reclamaciones y perseguirlas, como ocurrió en Reino Unido tras un organismo similar al creado en España, según ha explicado.
Además, Javier Rodríguez Pellitero indicó que a este posible aumento de solicitudes se suma un aumento de la plantilla de la propia agencia, lo que evidentemente se traduce en un aumento del número de personas y del gasto público correspondiente.
Por su parte, el secretario general de la AEB indicó que el actual sistema de denuncias, que se divide en dos niveles de actuación, funciona «bastante bien».
Prueba de ello es que, del total de reclamos presentados a los bancos, sólo el 10% del total llega a los servicios de reclamos de los supervisores, lo que corresponde al segundo nivel del sistema. “La mayoría de los clientes obtienen satisfacción del departamento de reclamos de la entidad”, señaló Pellitero.