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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado este jueves que cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Pensiones, José Luis Escrivá, tenga el apoyo parlamentario suficiente para llevar a cabo la reforma de la ley de pensiones, volverá el sindicato sentarse a negociar
“Cuando la ministra tenga el apoyo parlamentario necesario y el acuerdo de la Comisión Europea, supongo que volveremos a la mesa y será el momento de profundizar”, dijo Álvarez a los medios tras reunirse con el vicepresidente primero. Presidente y Ministro de Economía. Negocio y transformación digital, Nadia Calviño.
Álvarez recordó que UGT y CCOO preguntaron a Escrivá de la necesidad de contar con apoyo parlamentario y europeo antes de avanzar en las negociaciones con los interlocutores sociales.
Escrivá aseguró hace unos días que su intención era preparar este mes la reforma de las pensiones e insinuó la complejidad que esta reforma negocia en paralelo con los agentes sociales y los grupos políticos.
Esta segunda parte de la reforma se refiere a la eliminación del límite superior de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima -pero no al mismo ritmo-, una mejor cobertura de las diferencias de cotización en carreras irregulares y medidas encaminadas a reducir la brecha de género en las pensiones .
El ministerio también ha puesto sobre la mesa una propuesta para ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión desde los 25 años actuales hasta un total de 30 años, con la supresión de los dos peores años de cotización.
Esta propuesta ha suscitado polémica entre los trabajadores sociales y dentro del propio Gobierno, negándose Unidas Podemos a acometer ningún cambio que implique una rebaja de las pensiones, ya que asegura que se producirá si se amplía el plazo de cómputo.
A CCOO y UGT tampoco les gusta. No lo consideran necesario, alegan que no está incluido en el Pacto de Toledo y que no cuenta con el respaldo político suficiente para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no se trata de una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes del diálogo social.
Pero además del periodo de cómputo, sobre la mesa de la reforma de las pensiones también están la eliminación del techo de las bases máximas de cotización y el aumento de la pensión máxima.
En su propuesta inicial, que es solo un punto de partida, el Gobierno proponía vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC medio interanual de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento anual adicional de 1.154 puntos entre 2025 y 2050, lo que supondría un aumento de casi un 30% en dicho periodo.
Este aumento de las bases máximas de cotización vendría acompañado de un aumento de la pensión máxima, pero no en la misma proporción. Así, el Gobierno propuso inicialmente que la pensión máxima aumentara también con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), incrementada en un porcentaje adicional de 0,115 puntos, inferior al ‘uno y el otro al alto para bases máximas.
Los sindicatos reclaman directamente que se descubran las bases máximas y la patronal no quiere ni oír hablar de nuevas subidas de costes, pues el nuevo año ya las ha traído.