Calviño defiende mañana la nueva Autoridad del Cliente Financiero ante las modificaciones de todo ERC y Vox
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defenderá este jueves en el Congreso la nueva Autoridad de Clientes Financieros ante las reformas al conjunto de Esquerra Republicana (ERC) y Vox.
Esta nueva autoridad es un nuevo órgano de control con el que el Gobierno quiere unificar los criterios para la resolución extrajudicial de quejas y conflictos entre clientes y bancos.
A pesar de que el Gobierno considera «clave» a este organismo para la protección de los ciudadanos, ERC y VOX reclaman la devolución del proyecto, lo que generó la disconformidad de la banca por la tasa de 250 euros que, según el proyecto, las entidades deberá pagar por cada reclamación admitida a trámite.
Las enmiendas que regresan de los grupos de reforma parten de la idea de que el nuevo organismo que está preparando el gobierno no es necesario, ya sea porque el sistema actual funciona o porque existen otros medios que no implican la creación de un nuevo organismo.
En el caso de la educación catalana, entiende que bastaría con hacer obligatorios los sistemas alternativos de resolución de conflictos existentes, como el arbitraje de consumo. Por parte de Vox, creen que el sistema de denuncias extrajudiciales cumple su función «eficaz y eficientemente».
UNA AGENCIA PARA SUPERVISARLAS A TODAS
En concreto, la nueva agencia asumiría las funciones que ahora corresponden a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, esta última dependiente del Ministerio de Economía.
Para financiar este nuevo órgano de control, el Gobierno propone una tasa de 250 euros que tendrán que pagar los bancos si la reclamación de un cliente es admitida a trámite por este organismo.
Este es el punto más discutido por los expertos que han comparecido en los últimos días en el Congreso. En concreto de la entidad bancaria, que alertaba de la posibilidad de que se admitieran a trámite reclamaciones por importe inferior a estos 250 euros y provocar así un aumento de estas reclamaciones por parte de los clientes.
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