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La modificación de la ley del sector ferroviario impulsada por el Gobierno y ya aprobada por el Congreso de los Diputados, que otorga a Adif la potestad de fijar las tarifas ferroviarias a cobrar a los operadores ferroviarios, entrará en vigor este miércoles 21 de diciembre.
El texto se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras un año de tramitación parlamentaria en el que se introdujeron las modificaciones propuestas por los distintos partidos políticos.
El principal objetivo de esta modificación de la ley es dar respuesta a las cuestiones planteadas por la Comisión Europea sobre los aspectos de la transposición a la normativa nacional del marco normativo europeo en esta materia, establecido por la directiva por la que se establece un espacio ferroviario europeo único.
Entre las principales novedades de esta reforma, el hecho de que la competencia para la determinación de los cánones ferroviarios se atribuya a Adif, que ahora tendrá un importante margen de decisión en esta tarea.
Con el marco legal anterior, los cánones se aprueban anualmente en los presupuestos generales del Estado, lo que impide que el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) tenga flexibilidad para adaptar los cánones a cada situación.
Los cánones son las tarifas que factura Adif a Renfe, Iryo y Ouigo por el uso de las vías y determinan la actividad de estos tres operadores. A partir de ahora, estas tarifas podrán adaptarse a la situación del momento, evitando así pesar sobre la demanda de viajes o sobre la oferta de trenes en caso de cambios en la situación económica.
VERIFICACIÓN DE PRECIO
Entre las modificaciones introducidas en trámite parlamentario, se incluye una para que los contratos de adquisición de material ferroviario destinado a servicios públicos puedan estar sujetos a una actualización de precios en función de la inflación de determinados elementos necesarios para la materialización de dichos contratos.
Así, se autoriza la revisión de hasta el 20% del precio de licitación de los contratos de suministro de material rodante ferroviario y de componentes de fabricación y mantenimiento para cubrir el incremento del coste de las materias primas.
Esta revisión se extiende a todo contrato con cualquier entidad del sector público en proceso de ejecución, licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor de la ley y a todo contrato que se encuentre publicado en la plataforma de contratación del sector público por el plazo de un año desde la entrada en vigor, y se hará teniendo en cuenta el incremento de los costes de las materias primas que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Otro de los cambios acordados en la norma es aumentar las sanciones por infringir las resoluciones de la CNMC y los requerimientos de información, hasta los 300.000 euros y 100.000 euros, respectivamente.