Fiscalía venezolana practica detenciones de funcionarios civiles investigados por presuntos actos de corrupción

(CNN Español) — Una fuente cercana al sistema judicial venezolano confirmó a CNN que en las últimas horas, la Policía Nacional Anticorrupción detuvo a los funcionarios Joselit Ramírez Camacho, titular de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip); el presidente del circuito judicial de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret; y el alcalde del municipio de Las Tejerías, en el estado Aragua, Pedro Hernández. Además, sin precisar nombres, advirtió que otros funcionarios habían sido detenidos.

CNN ha intentado contactar a Ramírez Camacho, Cornieles Perret y Hernández, y su defensa, pero aún no ha recibido respuesta.

Esto ocurre horas después de la difusión de un comunicado en el que la Policía Nacional Anticorrupción dijo haber solicitado al Ministerio Público que juzgue a personas vinculadas al poder judicial, la industria petrolera y alcaldes municipales que, según la carta, “podrían estar involucradas en graves hechos de corrupción administrativa y peculado”.

Señalan, además, que desde hace meses realizan una profunda investigación que, como se describe en el texto, “tiene como objetivo a ciudadanos que han ocupado cargos en el poder judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país”.

Recordemos que en junio de 2020 Estados Unidos ofreció públicamente una recompensa de US$5 millones a quien facilitara la captura de Ramírez Camacho.

Según el comunicado del Ministerio de Justicia, Ramírez tiene vínculos con presuntos capos de la droga, incluido el actual vicepresidente de la zona económica y ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami. Ramírez está acusado por el Distrito Sur de los Estados Unidos de evadir sanciones por narcóticos y presunto lavado de dinero mientras se desempeñaba en un cargo público en Venezuela.

El Aissami respondió en febrero de 2017 con una carta publicada en el diario estadounidense New York Times, asegurando que se trata de una acusación falsa y pidiendo a las autoridades estadounidenses que la rectifiquen.

El gobierno venezolano respondió en junio de 2020 con un comunicado a las sanciones impuestas a Ramírez Camacho, rechazando lo que consideró un ataque y acto de persecución contra el funcionario y cuestionando al entonces presidente Donald Trump.