Del despacho de Adif al foco judicial: la exjefa de la infraestructura española, cercada por la investigación del “caso Koldo”
Durante años, Adif fue una de las cajas negras más poderosas del Estado: el organismo que decide por dónde pasan las grandes obras ferroviarias, qué se licita, cuándo se ejecuta y con qué proveedores. Hoy, el nombre de quien estuvo en el centro de esa maquinaria, Isabel Pardo de Vera —expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes— ya no aparece asociado a inauguraciones ni a planes de inversión, sino a registros, diligencias, restricciones judiciales y una batería de presuntos delitos que la Audiencia Nacional investiga en el marco del llamado “caso Koldo”.
La fotografía política resulta incómoda: una responsable de infraestructura crítica, con la capacidad efectiva de abrir o cerrar las compuertas de la contratación pública, aparece investigada por un juez que señala cinco delitos en el mismo conjunto: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal (siempre como parte de una investigación, no de una condena).
De la polémica del “tren que no cabe” a su llegada a los tribunales
Su etapa al frente del perímetro de Transportes ya había quedado lastrada por el episodio de los trenes de ancho métrico concebidos con fallos de gálibo —la crisis conocida popularmente como “los trenes que no cabían en los túneles”—, un hecho que acabó provocando dimisiones en la cúpula del sector. Sin embargo, aquello solo supuso un golpe a la reputación; lo que llega después pertenece a otra dimensión: la intervención judicial.
El corazón del caso: contratación “a medida” y sospecha de red de favores
1) La contratación de Jésica Rodríguez en empresas públicas
Uno de los factores que más ha erosionado la percepción ciudadana es la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. El juez la llamó como investigada para aclarar los motivos de esa contratación en Ineco y Tragsatec, un episodio que ha reforzado la narrativa de enchufismo con firma pública alrededor del área de Transportes.
En términos periodísticos, la preocupación no radica únicamente en la contratación, sino en lo que implica: si se demuestra que existió intervención indebida para ubicar a alguien dentro del ámbito público, el asunto deja de ser “un favor” y se transforma en un mecanismo. Esa es la premisa que orienta la investigación.
2) Obra pública, adjudicaciones y la palabra que nadie quiere escuchar: “mordidas”
El segundo bloque adquiere un carácter aún más detonante al abordar el núcleo histórico de la corrupción en España: la adjudicación de obra pública. En julio de 2025, la Audiencia Nacional llamó a declarar como investigados a Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por su supuesta intervención en adjudicaciones irregulares concedidas a ciertos constructores a cambio de pagos ilegales (“mordidas”), según se detalló en la información sobre dichas diligencias.
El juez adoptó medidas cautelares como la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España, una decisión judicial que habitualmente se aplica en procedimientos donde el instructor aprecia riesgos procesales significativos.
3) El allanamiento domiciliario y la función que cumplen las mascarillas
A finales de junio de 2025, el juez dio luz verde al registro de su vivienda. Durante esa inspección, según distintas fuentes, la UCO encontró material relacionado con el suministro de millones de mascarillas en el entorno de Adif durante la pandemia. El asunto no radica en el documento en sí, sino en lo que implica dentro del procedimiento, ya que dicho descubrimiento se asocia al momento en que el instructor sitúa el caso dentro de un abanico más amplio de supuestos delitos.
El cerco financiero: bancos, Hacienda y rastreo desde 2017
El caso también ha entrado en fase de rastreo patrimonial. En octubre de 2025 trascendió que el juez pidió información a entidades bancarias y a la Agencia Tributaria para investigar movimientos, cuentas y valores de Pardo de Vera y Herrero, precisamente para comprobar si existió beneficio económico por facilitar adjudicaciones.
Este paso suele marcar un cambio de tono: cuando una investigación se vuelve financiera, el relato deja de ser “sospechas” y pasa a ser “rastro”, y el rastro, en estos casos, es el que acaba sosteniendo o derribando la imputación.
Lo que se sabe, lo que se investiga y lo que no puede afirmarse
Lo que se sabe: Existe una investigación oficial en la Audiencia Nacional, se han realizado registros, en esta fase se le atribuyen cinco supuestos delitos y se han aplicado distintas medidas y actuaciones financieras.
• Lo que se investiga: Si existió un patrón de influencia en contrataciones y adjudicaciones dentro del perímetro de Transportes y si hubo retorno económico indebido.
• Lo que no puede afirmarse con rigor hoy: Que haya una condena o que la “corrupción” esté “probada”. La situación procesal —según las fuentes citadas— es de investigación.
Por qué este caso impacta de forma particular en Adif
Porque Adif no es una oficina menor: es una palanca estructural del Estado. Si el procedimiento termina acreditando que desde el centro de decisiones se operó con favoritismos o intermediación ilícita, el daño no es únicamente penal: es institucional, porque erosiona la confianza en el sistema de contratación, en los controles internos y en el propio discurso de integridad del sector público.
Y por eso, incluso sin sentencia, el caso ya funciona como un espejo incómodo: cuando una exresponsable de infraestructura crítica aparece asociada a una investigación de presuntas mordidas, enchufes y obra pública, el debate deja de ser técnico y se convierte en una pregunta política de primer orden: quién vigilaba a los vigilantes.
