Cerca de un año después de que se divulgara el controvertido video de narcotráfico, que involucra al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, con traficantes de drogas, las autoridades judiciales del país no han mostrado signos de progresos significativos en la indagación. El caso sigue estancado, lo que alimenta las dudas sobre una justicia parcial en el país y plantea interrogantes sobre la autonomía y la efectividad del Ministerio Público.
La impunidad en el caso de Carlos Zelaya
El video que desató el escándalo fue publicado en 2024 por el portal de investigación InSight Crime y otros medios de comunicación. En él, se observa a Zelaya en una reunión en la que negocia aportes económicos para la campaña del partido LIBRE junto a individuos identificados como narcotraficantes. A pesar de la gravedad de las imágenes y la renuncia de Zelaya al Congreso, no ha habido avances significativos en las investigaciones ni en los procesos judiciales.
El caso ha generado una creciente preocupación sobre la imparcialidad de la justicia en Honduras, especialmente porque se contrasta con otros casos de alto perfil que han sido procesados con rapidez. Este es el caso del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, quien fue acusado de recibir sobornos del cártel de Los Cachiros y fue rápidamente sometido a juicio tras la divulgación de videos comprometedores.
Reacciones de la sociedad civil y voceros políticos
Diversos ámbitos de la sociedad civil y la política han manifestado su asombro y descontento por la falta de acciones del Ministerio Público en lo relativo al caso de Carlos Zelaya. Tanto ciudadanos como dirigentes políticos, demandan que la justicia se aplique equitativamente, investigando a Zelaya con la misma rapidez que a otros involucrados en situaciones análogas. El antiguo fiscal Edmundo Orellana ha mencionado que la fiscalía, liderada por Johel Zelaya, le debe a la población una respuesta por no proceder con la misma rapidez que en otros procesos judiciales relevantes.
Además, entidades como InSight Crime señalan que Honduras enfrenta un desequilibrio en la justicia, donde las personas vinculadas al gobierno parecen estar por encima de la ley, en contraste con los críticos y figuras independientes, quienes enfrentan un trato más severo. Esta percepción de imparcialidad debilita la confianza en el sistema judicial, el cual se pone en tela de juicio por no aplicar la ley de manera imparcial.
El llamado a la creación de la CICIH
El caso sin resolver de Zelaya destaca un problema más extenso en el país: la imperiosa urgencia de establecer una entidad anticorrupción autónoma con proyección internacional. A pesar de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) se presentó como una medida para combatir la corrupción generalizada, su puesta en marcha ha sido paralizada en el Congreso, donde se han enfrentado dificultades políticas para su conformación.
Este estancamiento ha generado críticas tanto dentro como fuera de Honduras. Organizaciones internacionales y observadores políticos coinciden en que la falta de un organismo internacional que supervise los procesos judiciales y corrija posibles sesgos internos contribuirá a la perpetuación de la impunidad. La presión social crece, y con ella, el llamado a la creación de la CICIH, que se presenta como una herramienta crucial para restaurar la confianza en las instituciones judiciales del país.
La urgencia de progresos en el sistema judicial
Los nulos avances en la investigación del video de narcotráfico de Carlos Zelaya destacan las tensas divisiones dentro de las instituciones judiciales de Honduras. La percepción de una justicia que actúa con parcialidad y selectividad está debilitando la credibilidad de las autoridades responsables de proteger el estado de derecho. La comunidad internacional y los actores del país recalcan que, sin avances transparentes, el sistema judicial de Honduras seguirá siendo recibido con desconfianza. En este escenario, la implementación de la CICIH y una reforma genuina del sistema judicial son esenciales para asegurar que los casos de gran repercusión política no permanezcan impunes.