La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que la construcción de viviendas de protección oficial ha descendido en la última década, lo que se traduce en un déficit por el elevado número de desahucios y ocupaciones ilegales que se siguen produciendo, según ha informado la organización en una declaración.
En 2021 se construyeron en España 9.567 viviendas oficiales, una cifra muy por debajo de las 58.308 viviendas aprobadas en 2011, según datos del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio del Interior.
Apenas una de cada cuatro viviendas protegidas construidas en 2021 fue de alquiler (2.518), a pesar de ser esta la principal vía hacia una vivienda digna para las familias de bajos ingresos.
Por otro lado, el número de desalojos ascendió el año pasado a 41.359 y las ocupaciones ilegales a 17.274. Además, una encuesta de la OCU encontró que más de 500.000 hogares españoles tenían dificultades para pagar el alquiler, lo que representa el 16,7% del total.
En 2019, el Boletín Especial de Vivienda Social del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estimó que había 290.000 viviendas de protección oficial en alquiler en España, 180.000 de las comunidades autónomas y 110.000 de los municipios y entidades dependientes.
Esto supuso apenas un 1,6% de cobertura de los hogares españoles, cifra muy alejada de la media europea, que se sitúa en el 9,3%.
La construcción de vivienda oficial ha aumentado en los últimos tres años tras el fuerte descenso sufrido a principios de la década pasada, pero desde la OCU consideran que aún es insuficiente y que los inmuebles de protección oficial deberían multiplicarse por cinco para cubrir la demanda .
Entre las soluciones que demandan se encuentran tanto la construcción de nueva vivienda social como la adquisición de viviendas desocupadas para este fin. También piden que se concedan ayudas directas a la vivienda como medida temporal para paliar la emergencia de las familias sin hogar.