(CNN Español) — La Secretaría General de la OEA, a través de un comunicado de prensa emitido este domingo, calificó la ocupación de sus oficinas en Managua, Nicaragua, de ilegítima y de “violación de las más elementales normas internacionales”. La organización reiteró que la salida del país centroamericano de la organización no se hará efectiva hasta finales de 2023 y que sigue siendo responsable de todas las obligaciones que tiene bajo la misma.

“Exigimos al gobierno de Nicaragua que respete las obligaciones que hoy rigen sus relaciones con la OEA y con todos los organismos internacionales de los que Nicaragua es miembro”, concluye el comunicado, en el que también destaca que las “oficinas, archivos y documentos” de la organización «gozan de la más absoluta inviolabilidad».

El gobierno de Nicaragua, a través de un comunicado leído este domingo por el canciller Denis Moncada y publicado en los medios oficialistas, reiteró la renuncia del país a la Organización de Estados Americanos y anunció el retiro de los poderes de sus funcionarios de la OEA en Washington, así como como el cierre de las instalaciones de la entidad en Managua.

La declaración del gobierno de Daniel Ortega afirma que la OEA constituye «uno de los instrumentos políticos de intervención y dominación» del Departamento de Estado estadounidense y «vulnera los derechos y la soberanía» del país.

El gobierno de Ortega, que anunció esta decisión el 19 de noviembre de 2021, también señaló en el comunicado que con esta salida de la OEA, también deja de formar parte de todos los mecanismos y órganos del organismo interamericano, incluidas reuniones como la la Cumbre de las Américas.

En el comunicado, Nicaragua también indica que con este retiro pone fin a los poderes de sus representantes Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell y que al mismo tiempo ya cerró la sede de la delegación de la OEA en Managua.

La OEA ha tenido reiteradamente en su agenda la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde 2018 y ha adoptado varias resoluciones llamando al restablecimiento de la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos. Antes de la votación del 7 de noviembre, en la que Ortega fue reelegido para su cuarto mandato consecutivo, la OEA advirtió que no había condiciones para un ejercicio democrático y pidió la liberación de los opositores detenidos, incluidos siete candidatos presidenciales.

En marzo, Arturo MacFields Yescas, hasta entonces embajador ante la OEA, antes de renunciar a su cargo, denunció lo que consideraba una dictadura y pidió la liberación de los opositores detenidos y el respeto a sus derechos humanos.

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