Tabla de contenido
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, defendió este viernes que la política de vivienda es una «prioridad» para el Gobierno, ante las subidas de tipos de interés y su impacto en los créditos hipotecarios.
Montero enumeró las iniciativas del Gobierno en este ámbito, como la ley de vivienda, un plan habitacional y el bono de alquiler para jóvenes, y recomendó esperar a evaluar estas medidas, antes de adoptar otras nuevas, como el congelamiento hipotecario que piden Podémos.
Montero dijo que el Gobierno ha sido «muy constante» en materia de vivienda, tal y como ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, donde presidió la firma de un convenio para la urbanización de los terrenos de Navalips entre la zona franca, el Ayuntamiento y Sepides.
Ante la subida de los tipos de interés y su impacto en las hipotecas variables, el ministro ha defendido que la vivienda es una de las cosas en las que «más ha trabajado este Gobierno», tal y como muestra la ley de vivienda, que ha indicado que «es la primera de democracia” y busca tener más viviendas sociales en venta y alquiler para jóvenes y personas vulnerables.
Además, ha subrayado que se está planteando incentivos fiscales «significativos» para quienes alquilen viviendas a personas jóvenes o vulnerables y puedan obtener una rentabilidad a través de incentivos fiscales.
Montero también se refirió al plan de vivienda y al bono de alquiler para jóvenes, con una dotación de 200 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y otros 200 millones en cuentas corrientes, punto en el que culpó a la Junta de Andalucía de no haber corrido la partida de 2022 todavía.
Asimismo, ha utilizado otras iniciativas en el ámbito de la vivienda, como la firma de convenios con los ayuntamientos, así como la compra de suelo al Ministerio de Defensa para la promoción de vivienda en diferentes regiones de España.
IMPUESTOS BANCARIOS Y ENERGÉTICOS
El titular de Hacienda sumó a este paquete de acciones la decisión de crear un impuesto temporal para las entidades energéticas y financieras con el objetivo de gravar sus ganancias extraordinarias.
“Debido a la crisis, desde el primer día fuimos conscientes de que las entidades financieras y energéticas teníamos que hacer un esfuerzo, una mayor aportación, para que pudiéramos financiar medidas y ayudas destinadas a la mayoría social”, ha señalado.
A ello se sumó también, recordó Montero, el Código de Buenas Prácticas firmado con las entidades financieras para que un millón de personas pudieran beneficiarse de un «aplanamiento» de las cuotas hipotecarias de los préstamos variables y con carencia.