(CNN Español) — El Departamento de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires debería haber recolectado los datos personales de solo 40.000 prófugos, según un archivo visto por CNN. Sin embargo, realizó 9.900.282 extracciones de registros biométricos de millones de ciudadanos.

El último día de la campaña electoral presidencial de 2019, los datos personales de la candidata a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fueron extraídos por el Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo sucedió dos días antes de las elecciones primarias de 2021 con las del presidente Alberto Fernández, y algo similar volvió a ocurrir con los registros biométricos de la líder Patricia Bullrich, integrante de la misma coalición que gobierna la capital argentina, según consta en el expediente. Estas figuras de interés público forman parte de la lista de millones de personas cuyos registros biométricos fueron obtenidos por la Secretaría de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. En esta lista también se encuentran otros políticos de distintas fortalezas, empresarios, sindicalistas, líderes sociales y periodistas. A pesar de varias explicaciones oficiales, aún no se sabe por qué o con qué propósito el ministerio accedió a esta información.

“Madres de Plaza de Mayo, periodistas, vicepresidente, de toda esta gente, ninguno está en el reconocimiento facial de los prófugos”, dijo el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, en una entrevista con CNN. .

El sistema de reconocimiento facial es una herramienta utilizada por diferentes cuerpos de seguridad en Argentina. Esta tecnología requiere que las fotos faciales se carguen en una base de datos para poder identificar a estas personas a través de cámaras de seguridad. Buscan coincidencias con los rostros de quienes circulan frente a ellos. Si es así, emiten una alerta.

La ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha este mecanismo para la búsqueda de prófugos. Funcionó en 300 cámaras de seguridad de la capital argentina entre abril de 2019 y abril de 2020. El gobierno local explicó que dejó de usarla un mes después del inicio de la pandemia de covid-19 porque las mascarillas reducían la efectividad del sistema de reconocimiento facial. .

Hasta entonces, el sistema de reconocimiento facial de los prófugos obtenía los datos personales necesarios para detectar a los delincuentes a través de información proporcionada por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) a la Secretaría de Seguridad de la ciudad.

En un escrito legal, Renaper explicó que la transferencia de datos personales incluye nombre, apellido, género, número de identificación y fotos faciales.

Las fotos faciales son la entrada principal de estas cámaras. Tienen que cargarlos en su base de datos para que puedan relacionar a las personas que ven en la calle con los presuntos fugitivos.

Con ese único fin, un convenio suscrito en 2019 con Renaper permitió a la Secretaría de Seguridad capitalina obtener las lecturas biométricas necesarias para el funcionamiento de las cámaras. A pesar de la suspensión del sistema, este acuerdo se mantuvo vigente y, según consta en el expediente, el flujo de datos personales continuó hasta marzo de 2022.

En este punto, D’Alessandro reconoció el acceso a millones de datos personales, pero negó que se hayan subido al sistema de reconocimiento facial.

“Lo que está confundiendo es el sistema de reconocimiento facial buscando prófugos con las solicitudes de Renaper y lo que hace la solicitud de Renaper, que lo hacen todas las fuerzas de seguridad, es validar la identidad”, explicó. De esta forma, justificó “esos millones de solicitudes”.

Entonces, aquí comienzan las dudas sobre por qué y para qué el ministerio obtuvo esta cantidad de registros biométricos.

Renaper entregó una carta a la Justicia en la que sostiene que «solo hay un vínculo lógico» con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad y adjunta el convenio firmado entre ambos. Allí se establece que «los datos proporcionados serán tratados por el sistema ‘Face ID'», por el que los rostros de las personas registradas son reconocidos por una cámara fija.

Por otro lado, la ministra explicó en otro documento judicial que el acuerdo tiene un «amplio alcance funcional».

Sin embargo, una resolución firmada en 2019 por Diego Santilli, entonces ministro de Seguridad, especifica que dichos datos estarán «destinados a verificar la identidad de los prófugos».

Surgen puntos explicativos engañosos al analizar las 9.900.282 migraciones de registros biométricos.

Esta larga lista incluye figuras de interés público en varios campos.

Según consta en el expediente, los datos personales de Cristina Fernández de Kirchner fueron solicitados 225 veces; 9 veces las de su hija, Florencia Kirchner; 12 las de su hijo Máximo Kirchner; 76 las del presidente, Alberto Fernández; 18 las de Patricia Bullrich; 1 las del juez de la Corte, Daniel Rosenkrantz; 2 las del accionista de la mayor empresa multimedia de Argentina, Grupo Clarín, Héctor Magnetto; 2 las de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y 5 los de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, entre otros.

«Todas estas personas que él dice que fueron revisadas con el Renaper no están en el reconocimiento facial», argumentó D’Alessandro.

Pese a la posición del Ministerio de Seguridad bonaerense, para un juez este exceso fue «alarmante» y decidió que el sistema de reconocimiento facial ya no funcionaría tras la pandemia. El gobierno de la ciudad rechazó el fallo y presentó una demanda para restablecerlo.

“Es tan ridículo como perturbador. Publica una lista de 64 personas, de las cuales solo una está cargada en reconocimiento facial, a saber, el policía Arshak, que se encuentra desaparecido y por orden judicial, lo estamos buscando con todas las herramientas”, dijo el ministro.

D’Alessandro critica al juez de la causa, Roberto Andrés Gallardo. El magistrado también ha sido cuestionado por autoridades de la ciudad de Buenos Aires en procesos judiciales anteriores de los que era responsable.

De hecho, el jefe de Gabinete bonaerense, Felipe Miguel, catalogó la suspensión del sistema de reconocimiento facial como “una falla funcional del kirchnerismo”. En varias ocasiones, las autoridades locales cuestionaron su imparcialidad, lo que el juez rechazó.

D’Alessandro proporcionó razones que explicarían el motivo de las 9.900.282 extracciones de datos personales.

En un escrito judicial, argumentó que para los «innumerables» controles de cuarentena, se debía verificar la identidad.

Lo mismo mencionó en la entrevista con CNN: “Cuando usted pidió autorización para circular en tiempos de covid, la identidad fue validada con Renaper”.

Esta afirmación no explica completamente por qué, como consta en el expediente, se registran solicitudes de datos personales en los años 2019, cuando no era necesaria la autorización para circular, y 2022, año sin cuarentena.

En rueda de prensa, el ministro dio otro motivo: “Todos los que estamos aquí alguna vez hicimos unos trámites en la Ciudad. El sistema Tribuna Segura, certificar un domicilio, una constancia de vida, una denuncia, todo esto valida la identidad.

Lo mismo afirmó en su escrito judicial cuando argumentó que las fuerzas de seguridad tenían que verificar la identidad para «tareas administrativas».

Pero, ¿a qué hora se realizan estos trámites?

Consta en el expediente que a las 00:18 del 24 de octubre de 2019, último día de la campaña electoral presidencial, se solicitaron los datos personales de Fernández de Kirchner. A las 23:28 horas del 10 de septiembre de 2021, dos días antes de las elecciones primarias, se registró una solicitud de registros biométricos de Alberto Fernández; y Bullrich, a las 02:16 horas del 22 de octubre de 2020.

CNN obtuvo parte de esta información unos días después de la entrevista con D’Alessandro y contactó nuevamente al departamento. En esta ocasión, sus portavoces respondieron que darían las explicaciones necesarias en los tribunales.

La falta de control es otro rasgo que destaca en este caso.

La ley que reguló el uso del sistema de reconocimiento facial para prófugos, razón por la cual el Ministerio de Seguridad firmó el convenio con Renaper, estableció que el legislador de la ciudad debe crear una comisión especializada para su control. Nunca fue creado.

D’Alessandro responsabilizó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la infracción. A su vez, insistió en que los datos personales de estas 9.900.282 extracciones no fueron utilizados en el sistema de reconocimiento facial de los prófugos.
El circuito de datos personales del sistema de reconocimiento facial de los fugitivos también sufre de falta de control.

¿Cómo es tu racha?

1. El Ministerio de Justicia de la Nación recopila las identidades de los prófugos en la base de datos de la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc).

2. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad consulta la base de datos de la Conarc y solicita a Renaper los archivos biométricos (fotos) de las personas que ahí aparecen.

3. El Renaper transfiere la información.

Los datos de Renaper contienen los rostros que las cámaras necesitan para encontrar coincidencias, localizar personas buscadas y emitir alertas. A pesar de ello, es importante precisar que Renaper no verifica si los datos personales que proporciona coinciden con los de la base de datos de la Conarc.

“El descontrol es enorme”, criticó un miembro del Observatorio Argentino de Derecho Informático, Rodrigo Iglesias, quien denunció al gobierno de Buenos Aires.

Fue esta organización la que abrió la investigación judicial sobre la implementación del sistema de reconocimiento facial para los prófugos.

El gobierno de la ciudad ha anunciado que emprenderá acciones legales para restablecer el funcionamiento de este mecanismo. Su jefe de gabinete, Felipe Miguel, sostuvo que el sistema de reconocimiento facial es una herramienta de seguridad «muy importante».

En ese sentido, cifras oficiales señalan que en la capital argentina ayudó a detener a 1.694 prófugos mientras estuvo en activo. La otra cara de estos datos radica en los errores de este mecanismo. Confundió a personas inocentes con delincuentes, lo que provocó el inicio de una demanda contra el gobierno de la ciudad.

No se sabe cuántas personas fueron detenidas injustamente. 15% es el margen de error del sistema de reconocimiento facial que aparece en el documento de contrato firmado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, según el expediente, de todas las alarmas emitidas por las cámaras, solo el 53,8% coincidió con un prófugo.

“Uno de cada dos ciudadanos corría el riesgo de ser demorado en una comisaría y no es agradable ser demorado en una comisaría cuando no eres un prófugo de la justicia”, dijo Iglesias.

“No es que el sistema haya fallado. Las veces que efectivamente ha fallado el sistema es por la búsqueda de lo que la Justicia ha acusado de mal”, dijo el Ministro de Seguridad de la Ciudad.

“Presentamos la recusación del juez Gallardo para sacarlo de la causa por su flagrante parcialidad”, dijo el jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel.

Incluso, el ministro de Seguridad de Buenos Aires lo denunció penalmente por supuestas irregularidades en el procedimiento judicial, lo que el magistrado rechaza.

“No es que solo suspenda una herramienta que tiene que cuidar a la gente de la ciudad, sino que además lo que transmite es que se usa desde la Ciudad para hacer inteligencia y es falso”, concluyó el Ministro.

Las autoridades buscaban a 40.000 prófugos, pero obtuvieron datos personales de millones de ciudadanos a través de 9.900.282 extracciones. ¿Quién completa esta hermosa lista? Cualquiera podría estar en él. No se sabe exactamente, así como las razones.

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