UNAH Logra Declaración de Inconstitucionalidad contra ZEDE en Honduras
La Corte Suprema de Honduras en Tegucigalpa (CSJ) declaró con lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contra la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en una importante decisión.
La CSJ consideró que el artículo 34 de la Ley Orgánica de las ZEDE, aprobada en el período 2001/2008 120-2013, viola la competencia exclusiva de la Constitución de la República y la Educación Superior. Esta decisión es «ex tunc» en el sentido jurídico, lo que supone su invalidación retroactiva desde el momento de su creación.
La resolución de la Sala Constitucional menciona: «Ex tunc con el derecho de origen debe declarar la garantía de inconstitucionalidad, que el Dr. Francisco José Herrera Alvarado, como rector de la UNAH, cuestionó por su contenido, contrario al artículo 34 de la Ley decreto. no. 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)».
El recurso de inconstitucionalidad presentado por el exrector Francisco Herrera Alvarado en julio de 2021 sostiene que el artículo 34 de la Ley ZEDE viola varios artículos constitucionales relacionados con la educación superior y el ejercicio profesional.
El actual rector de la UNAH, Odir Fernández, ha manifestado que la universidad siempre ha tenido una posición contraria a las ZEDE, expresando que estas zonas buscan crear un «mundo aparte» para gestionar la educación superior, lo que contradice a las facultades de la UNAH.
La UNAH sostiene que la Ley ZEDE viola la Constitución al ir demasiado lejos al permitir que estas áreas desarrollen sus propias políticas educativas y curriculares sin atender a las disposiciones constitucionales que permiten a la UNAH asegurar la exclusividad de la organización, gestión y desarrollo de la educación superior en el país.
La denuncia de inconstitucionalidad presentada por la UNAH se fundamenta en varias violaciones constitucionales y tratados internacionales que exigen la coordinación de los procesos de acreditación profesional y educación superior.
Esta decisión representa un hito importante en la protección de la autonomía y los principios constitucionales de la educación superior hondureña.
