(CNN Español) –– En conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Colegio de Periodistas de El Salvador presentó este martes un informe que presenta “una descripción de las diferentes restricciones al ejercicio del periodismo” en el país en 2021, y “su comparación con los años 2019 y 2020”.

El documento de la asociación concluye que en El Salvador el ejercicio periodístico es considerado de alto riesgo. También que en 2021 las agresiones y amenazas vienen de agentes estatales, que el gobierno no ha creado un mecanismo para proteger a los periodistas, que el acceso a la información pública es cada vez menor y que ha habido un retroceso en la libertad de expresión.

Señala que bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele “se ha observado una campaña dirigida desde la presidencia de constante descalificación y estigmatización, principalmente contra periodistas independientes, medios con líneas editoriales críticas, o medios que revelan investigaciones sobre abuso de autoridad, nepotismo, malos manejos”. del estado de emergencia, corrupción, entre otros temas de alto interés público.

Y señala que “el ambiente hostil para el trabajo de la prensa, que sería promovido en gran parte por esferas gubernamentales”, se ha recrudecido durante la pandemia de la covid-19. “Las agresiones físicas, las amenazas y la intimidación, y la obstrucción del trabajo de información se están volviendo preocupantes”, se lee en el informe.

Desde que asumió la presidencia en junio de 2019, Bukele ha criticado a la prensa independiente y llamado activistas políticos a los periodistas en ruedas de prensa o en sus redes sociales.

CNN ha solicitado comentarios sobre este informe del gobierno a través del Departamento de Comunicaciones, pero aún no hemos recibido una respuesta.

El documento recoge testimonios y documentos de muchos periodistas. También repasa la situación de este comercio en este país bajo diferentes gobiernos, desde 2004 hasta el presente con Nayib Bukele. Gran parte de la información está enfocada al año 2021, recopilando lo denunciado por organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pone especial énfasis en la reforma a la Ley de Delitos Informáticos y Conexos aprobada por la Asamblea Legislativa a finales del año pasado, que prevé penas con penas de prisión para actos como obtención de información reservada, usurpación de identidad y fraude.

El trabajo surge del proyecto “Por la libertad de prensa, el acceso a la información y la democracia en El Salvador” que, según indicó, fue financiado por la Unión Europea y ejecutado por la asociación entre la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA ), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asamblea de Cooperación para la Paz (ACPP) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

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