El Congreso debatirá este martes una propuesta no legal del PP para exigir al Gobierno medidas para revertir la acumulación de «deficiencias» en el servicio que presta a los ciudadanos la seguridad social.
Esta iniciativa del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, es similar a una moción que se presentó hace apenas unas semanas y que fue consecuencia de una pregunta urgente de la diputada del PP, Elvira Rodríguez, a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Para justificar esta nueva propuesta, el PP se remite en su propuesta a un informe del Defensor del Pueblo, donde, según los «populares», el Alto Comisionado insta a que «se superen las carencias apreciadas en los servicios de atención a los ciudadanos» dentro de la administración pública.
Y es que el Grupo Popular sostiene que la situación que vive actualmente la Seguridad Social «está muy lejos» de la prestación de un «servicio público eficiente y de calidad», lo que, a su juicio, es «incompatible con el derecho a la buena administración». .
En este sentido, el PP indicó que la ley que regula los servicios de atención al cliente, actualmente en trámite parlamentario, obliga a las empresas a mejorar el servicio que prestan, imponiendo incluso «tarifas inasumibles», lo que para el PP «no exige ni aplica el Estado a sus propios servicios de atención.
Así, el PP propone extender a todos los servicios públicos de la Administración General del Estado los mismos requisitos de atención al ciudadano que se imponen a las empresas privadas en la ley de atención al público.
En cuanto a los otros dos puntos de la propuesta, el PP quiere que se regulen las medidas para que los servicios de atención al ciudadano que prestan las oficinas de la Administración General del Estado y la Sociedad de Administración de Seguridad recuperen la calidad y eficacia que les son propias.
Asimismo, piden que se realice una evaluación del sector público, para hacerlo «más eficiente y eficaz», a fin de permitir «tomar conciencia» de sus dimensiones y así poder proponer una reorganización de la Administración Pública, en particular en el área de la Seguridad Social.