El Gobierno baraja un presupuesto de 4,79 millones de euros para crear la nueva Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, según se desprende del informe económico del proyecto de ley al que pudo acceder Europa Prensa.
Este órgano asumirá y unificará las funciones de las tres comisiones que actualmente existen en el Ministerio de Transportes para investigar accidentes e incidentes en trenes, aeronaves y barcos.
No obstante, el incremento del gasto público previsto por el Gobierno en el momento de la creación de esta junta es de 1,8 millones, restando a estos 4,79 millones los 2.966 millones que se sacarían de las comisiones actuales.
La intención del gobierno es que la autoridad se autofinancie a través de las tarifas de seguridad aérea, la prestación de servicios y actividades en el área de seguridad ferroviaria y ayudas a la navegación. Hasta que eso suceda, se mantendría un sistema de doble financiación a través de estos impuestos y de las contribuciones previstas en los presupuestos generales del Estado.
La fórmula, según el Gobierno, supondría finalmente una reducción de 570.250 euros respecto a los presupuestos actuales de las actuales comisiones de investigación. En cuanto a la contribución a las tasas, se estima necesario destinar a la Autoridad el 2,303% del monto recaudado por cada una de las tasas.
SEIS DIRECTORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES
El nuevo organismo estará compuesto por un consejo integrado por seis asesores de las tres áreas que investiga la autoridad, como son la marítima, la aérea y la ferroviaria, que estarán sujetas a un «rígimen estricto de incompatibilidades».
Los miembros del Patronato serán designados a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Dos de los consejeros deberán ser expertos en el sector marítimo, dos en el sector aéreo y otros dos en el sector ferroviario. El nombramiento del Presidente deberá contar con la aprobación de la Comisión competente del Congreso de los Diputados. En el caso de los concejales, dicha comisión parlamentaria tendrá derecho de veto.