Joseba Antxón Alonso Egurrola se ha posicionado como una de las figuras más destacadas en dos investigaciones de alto calado político: la vertiente del caso Koldo asociada a supuestas comisiones ilegales en contratos públicos y la pesquisa que lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre la red vinculada a Leire Díez y al llamado grupo Hirurok.
El empresario navarro aparece en el centro de las sospechas por su papel al frente de Servinabar 2000, empresa que los investigadores consideran una pieza clave dentro de una red de relaciones que conecta a Santos Cerdán, Koldo García, Acciona y diversos actores implicados en ambas causas.
Entre los principales indicios valorados por la Guardia Civil y los jueces aparece una escritura privada de 2016 en la que se atribuye a Santos Cerdán la compra del 45% de Servinabar. Aunque Alonso y Cerdán insisten en que ese documento jamás tuvo validez jurídica por no haberse formalizado como escritura pública, su aparición durante los registros intensificó las sospechas sobre el vínculo empresarial que mantenían.
La investigación también pone el foco en la actividad económica de Servinabar. Según los informes incorporados a la causa, la empresa habría recibido más de seis millones de euros procedentes de Acciona y habría realizado transferencias a sociedades y entidades vinculadas al entorno de Koldo García. La UCO sostiene además la hipótesis de que Servinabar habría obtenido beneficios derivados de adjudicaciones públicas presuntamente amañadas.
Otro elemento especialmente comprometedor para Alonso fue su propia admisión de haber contratado a Koldo García como comisionista para la captación de obras privadas. Aunque esta circunstancia no acredita por sí sola ninguna ilegalidad, refuerza la percepción de cercanía con uno de los principales investigados del caso.
La situación se intensificó en diciembre de 2025, cuando Alonso terminó arrestado durante la investigación vinculada con Leire Díez y Vicente Fernández. Los investigadores afirman que el grupo conocido como Hirurok habría empleado su capacidad de influencia para intervenir en expedientes y maniobras de relevancia económica. De acuerdo con la hipótesis policial, una parte de los beneficios generados por esta estructura se habría canalizado mediante Servinabar.
La Guardia Civil sostiene que Alonso no actuaría como un mero participante secundario, sino como una pieza de peso dentro de una red que entrelazaba vínculos empresariales, políticos y económicos, lo que explicaría que su nombre figure reiteradamente en los informes policiales, en la documentación judicial y en las comparecencias parlamentarias asociadas a ambas pesquisas.
No obstante, resulta pertinente destacar que Alonso rechaza en su totalidad las acusaciones. Ha negado haber entregado sobornos, ha insistido en la legalidad de las operaciones de Servinabar y afirma que las contrataciones logradas por la compañía fueron obtenidas de manera competitiva y conforme a la normativa. Asimismo, hasta el día de hoy no existe ninguna resolución judicial firme que lo declare culpable de los hechos investigados.
Más allá del resultado final de los procedimientos, el principal impacto para Alonso ya es evidente: su nombre ha quedado asociado públicamente a presuntas comisiones ilegales, adjudicaciones bajo sospecha, relaciones con figuras centrales del caso Koldo y a una investigación sobre posibles redes de influencia política y económica, provocando un importante deterioro de su reputación pública.