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El diálogo social tripartito entre el Gobierno y los agentes sociales comienza 2023 con varios expedientes en curso, que no han sido cerrados antes de que finalice 2022, a pesar de que esa era la intención inicial.
La segunda parte de la reforma de pensiones -la primera acaba de celebrar su primer aniversario- debería haberse aprobado antes de que finalice 2022 para respetar el calendario comprometido en Bruselas en el Plan de Recuperación, pero las diferencias entre las partes y la polémica propuesta de prórroga del período de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, al descartar los dos peores años de aportes, le impidió hacerlo.
El Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones no da mucha importancia a exceder el plazo prometido a la Comisión, siendo su prioridad que esta segunda parte de la reforma se base, como la primera, en un acuerdo con los trabajadores sociales, argumento que asegura que Bruselas también comparte.
Lo mismo ocurrió con el nuevo sistema de cotización para autónomos -en vigor desde el 1 de enero-, que finalmente contó con el apoyo de organizaciones de autónomos y agentes sociales, aunque el acuerdo se alcanzó unas semanas después de lo prometido. en el Plan de Recuperación.
Esta segunda parte de la reforma se refiere a la eliminación del límite superior de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima -pero no al mismo ritmo-, una mejor cobertura de las diferencias de cotización en carreras irregulares y medidas encaminadas a reducir la brecha de género en las pensiones .
El problema es que el ministerio también ha puesto sobre la mesa una propuesta para ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión desde los 25 años actuales hasta un total de 30 años, con la eliminación de los dos peores años de cotización.
Esta propuesta ha suscitado polémica entre los trabajadores sociales y dentro del propio Gobierno, negándose Unidas Podemos a acometer ningún cambio que implique una rebaja de las pensiones, ya que asegura que se producirá si se amplía el plazo de cómputo.
CCOO y UGT tampoco valoraron esta propuesta. No solo alegan que no es necesario, habiendo tocado techo en 2022 la anterior ampliación del cómputo de 15 a 25 años, sino que entienden que no era un tema recogido en el Pacto de Toledo y que tampoco goza de suficiente poder político. apoyo para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no se trata de una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes de llevarlo al diálogo social.
Pero además del periodo de cómputo, sobre la mesa de la reforma de las pensiones también están la eliminación del techo de las bases máximas de cotización y el aumento de la pensión máxima.
En su propuesta inicial, que es solo un punto de partida, el Gobierno proponía vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC medio interanual de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento anual adicional de 1.154 puntos entre 2025 y 2050.
Este aumento de las bases máximas de cotización vendría acompañado de un aumento de la pensión máxima, pero no en la misma proporción. Así, el Gobierno ha propuesto que la pensión máxima aumente también con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC media de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, por tanto inferior al propuesto para la pensión máxima bases
Los sindicatos reclaman directamente que se descubran las bases máximas y la patronal no quiere ni oír hablar de nuevas subidas de costes, pues el nuevo año ya las trae.
LA LLEGADA DE 2023 TRAE NUEVOS TIPOS DE COTIZACIONES
Así, la Ley de Hacienda del Estado para 2023 plantea ya un incremento del 8,6% en las bases máximas, que pasarán de 4.139,40 euros mensuales a partir de 2022 a 4.495,38 euros, lo que afectará a los salarios más bajos. Pero es que además con la llegada de 2023 entra en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que establece una aportación final adicional de 0,6 puntos sobre el salario bruto, de los que el 0,5% corresponderá a la empresa y el 0,1% al trabajador. .
Para una base de cotización mediana de aproximadamente 2.000 euros de salario, este incremento del 0,6% que establece el MEI supondría una cotización mensual de 12 euros, de los cuales dos euros los pagaría el trabajador y 10 la empresa.
El objetivo del MEI, con el que está previsto recaudar cerca de 3.000 millones de euros en 2023 que irán a la ‘hucha de las pensiones’, es reforzar los ingresos de la Seguridad Social para hacer frente a las jubilaciones de los baby boomers entre 2032 y 2050.
Este recargo establecido por el MEI, sustituto del denominado factor de sostenibilidad, se aplicará en el apartado de contingencias comunes, por el que las empresas pagaron el 23,6% en 2022 y el trabajador el 4,7%. A partir de este 2023, con la entrada en vigor de este mecanismo, las empresas pagarán el 24,1% y los trabajadores el 4,8%.
Precisamente, el MEI es otro de los puntos que los sindicatos quieren abordar en la segunda parte de la reforma de pensiones, pero no para suprimirlo, sino para extenderlo hasta 2050, ya que actualmente está establecido que dejará de operar en 2032. luego evaluar si se mantiene o si se toman otras medidas. Bruselas también quiere llevarlo hasta 2050, aunque la Seguridad Social no lo vea necesario. Por el momento, no ha propuesto ninguna medida al respecto en la mesa de diálogo social, aunque no se descarta que lo haga para «complacer» a la Comisión Europea.
Junto al MEI, los sindicatos CCOO y UGT también carecen de actuación en esta segunda parte de la reforma para garantizar la adecuación de las pensiones mínimas.
EL ASCENSO DEL SMI, TAMBIÉN PENDIENTE
Además de esta reforma, queda por dirimir qué pasará con el salario mínimo interprofesional (SMI), sabiendo que el objetivo es que esté en 2023 en el 60% del salario medio.
CCOO quiere que se pase de los actuales 1.000€ en catorce cuotas a entre 1.082€ y 1.100€, lo que supondría un incremento porcentual de entre el 8,2% y el 10%. La UGT, directamente, pide aumentar el SMI a 1.100 euros y la CEOE y el Cepyme proponen una subida del 4%, hasta los 1.040 euros mensuales.
El Gobierno ya tiene sobre la mesa el informe pericial que recomienda un rango entre el 4,6% y el 8,2% para 2023, así como su revisión a los seis meses para evaluar su adecuación en un contexto de alta inflación.
De momento, el ejecutivo no ha puesto cifras sobre la mesa, aunque lo normal es que, como sucedió en 2022, se guíe por las sugerencias de los expertos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere pactar el incremento con los agentes sociales, aunque la CEOE no favorece un acuerdo sobre un incremento superior al 4%.
En todo caso, haya o no acuerdo con los sindicatos o con las dos partes, la subida del SMI de 2023 tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. De momento, y hasta que se llegue a tal acuerdo, el Gobierno ha prorrogado el SMI 2022 hasta 2023, fijado en 1.000 euros mensuales.
Agregar empresarios será difícil. No solo pusieron condiciones para subir el SMI un 4% en 2023, sino que además dan por rotas las relaciones laborales después de que la ley laboral incluyera una reforma que permitirá a la inspección del trabajo controlar las causas alegadas por las empresas en los despidos colectivos.